Sobre todo en sus inicios, el Govern Bauzá ha sido, entre otras muchas cosas, una factoría de decretos ley. Los ha usado para casi todo. Para hacer valer de forma rápida sus propias tesis, para ignorar a la oposición y para sortear correcciones de órganos judiciales, como en el caso de la imposición del TIL. En su acepción neutra y desapasionada, el decreto ley está concebido como una herramienta de urgencia útil para casos puntuales. El Govern actual, en su estreno, vio en él un instrumento „unas tijeras bien engrasadas„ práctico y cómodo para aplicar recortes drásticos y adoptar medidas inmediatas tendentes a salir de la crisis económica galopante.

Pero los excesos siempre acaban pasando factura. La falta de reparo en la utilización de la norma inmediata llevó al Ejecutivo autonómico a recurrir al decreto ley incluso para el despido de los funcionarios públicos. Uno de los muchos afectados fue un letrado de la abogacía de la Comunidad, obligado por esta vía a jubilarse a los 65 años cuando el tenía clara intención de hacerlo a los 70. La demanda presentada por el perjudicado desemboca ahora en una cuestión de constitucional elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Partiendo de la tesis de que, siempre que sea posible, las cosas deben seguir el trámite ordinario, la Sala no halla lógica ni explicación en que las jubilaciones fueran aceleradas al margen de un proceso legislativo normal. Uno de los mayores reproches que plantea al Govern es el de que se haya sustraído la potestad legislativa del Parlament. Con ello y a la vista de la dimensión de las medidas adoptadas, se puede haber vulnerado la Carta Magna.

La crisis económica no puede servir de pretexto ni argumento para todo. Ahora lo hace la Justicia, pero no es la primera vez que se recrimina al Ejecutivo Bauzá su probada facilidad y apetencia por servirse del decreto ley. Lo ha hecho de forma reiterada la oposición parlamentaria que, de este modo, también se ha visto neutralizada en el ejercicio de la labor fiscalizadora que le es propia, pero también lo han hecho destacados juristas de distinta tendencia advirtiendo, en pocas palabras, que la desproporcionada utilización del decreto ley se convierte en poco menos que una deformación del sistema democrático.

La cuestión de constitucionalidad que plantea el TSJB no deja de ser un revés para el Govern Bauzá que, sin embargo, se muestra poco presto a la corrección de actitudes y comportamientos. Una gestión normalizada de la acción de gobiernse dirime en sede parlamentaria. Los decretos ley quedan limitados a las urgencias justificadas. La recuperación y la cohesión que necesita la sociedad balear también debe pasar, sin paliativos, por la recuperación de las buenas prácticas de pluralidad democrática. Es particularmente llamativo que el modo de obrar del Govern necesite ponerse formalmente al contraluz de la Constitución.