Un grupo de expertos encabezado por Ramón Tamames y en el que han intervenido José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Juan Velarde y Pedro Schwartz, ha redactado por encargo de la comunidad valenciana un informe sobre el modelo de financiación autonómica. El dictamen recomienda que el Estado se haga cargo, con condiciones, de toda la deuda autonómica, antes de arbitrar un nuevo sistema de financiación.

Pero lo más interesante, por audaz, de dicho modelo es la tesis de que "deben evitarse, por igual, las situaciones de insuficiente y de excesiva financiación para evitar unas autonomías castigadas y otras, en situación tipo Mezzogiorno, recibiendo recursos que más que para el cambio a mejor, se convierten en rentas adicionales para que el menor desarrollo relativo continúe".

No es, en fin, sostenible el modelo en el que las comunidades ´pobres´, en lugar de aprovechar los recursos provenientes de la solidaridad para desarrollarse -como han de hacer los Estados europeos beneficiados por los fondos de cohesión-, los utilizan para pagar gastos corrientes y mantener una aparatosa e inútil burocracia. A fin de cuentas, ésta es la exigencia que plantea Cataluña, con toda la razón.