La capacidad de sintonizar con el pálpito de la calle no es la principal cualidad de un Parlament escaso de reflejos para responder al tiempo y las circunstancias sobre las que debe pronunciarse y legislar. Pero, aún ajeno a tales defectos, se muestra orgulloso de sí mismo hasta el extremo de considerar, a priori, a quienes lo han presidido, dignos de una Medalla de Honor y de la reverencia de trato bajo la denominación oficial de "Molt Honorable". Después le salen chirridos como el de Maria Antònia Munar que acaban convirtiéndose en estruendo de autobombo en hojalata.

La presidenta de la Cámara, Margalida Durán, se siente realizada porque ha logrado la unanimidad de la junta de Portavoces para volver a empaquetar la medalla otorgada a Munar y la tarjeta de Molt Honorable. Cuando hace ya tiempo que la calle ha reciclado tales usos para tratos más prácticos y acordes con la cotidiano, el Parlament ni siquiera se había percatado de la ligereza de su reglamento de honores y distinciones o reparado en que mantener a políticos corruptos en el mismo pódium que la Editorial Moll, Félix Pons, Montserrat Casas o Cáritas es pura ofensa para quienes han sido merecedores acreditados de la medalla de honor.

Pese a las apariencias, el accidente y el abuso de la manga ancha no han sabido aprovecharse para reconducir las cosas hacia la coherencia. Acuerdan que medallas y tratos pomposos que devalúan la institución por ligereza en la concesión, serán retirados por condena firme que implique la inhabilitación del afectado. Faltaría más, pero lo lamentable es que sus señorías sigan manteniendo la posibilidad de que un imputado o procesado pueda ser objeto de homenaje y lo dejen todo a merced de la vaguedad y el libre albedrío del "menosprecio de los méritos o circunstancias" que, en su día, motivaron la concesión.

Pilatos tiene muchos seguidores en la política balear. Algunos ocupan o han ocupado escaño parlamentario, como el mismo Albert Moragues, conseller de Presidencia de Antich, quien ante la jueza no reconoce firma ni responsabilidad alguna en las presuntas contrataciones irregulares del servicio de mantenimiento del Palacio de Marivent. El político socialista vino a decir que eso eran cosas de los servicios administrativos y que él no entraba en tales detalles ni estaba para esas minucias. No constan alusiones a la confianza delegada ni a la responsabilidad política, pero perdura la confusión entre tres empresas vinculadas entre sí para cuidar de Marivent y el presunto pago de medio millón de euros por servicios no prestados.

A Jaume Matas, experto en declinar responsabilidades jerárquicas, también le cae encima otra causa penal. Juan Francisco Gálvez, un arrepentido del caso Turisme Jove, le denuncia acusándole de haber ordenado el abono de 120.000 euros a un exedil de Calvià, mediante el pago de siete facturas falsas. Definitivamente, el honor, en general, sigue andando de capa caída en una política balear que, cuando interesa, sabe afanarse en hacer pasar las cosas por mecánicas y rutinarias, pero que después quiere para sí todas las medallas disponibles y creadas.