Cuando se observa la descripción de las fechorías reconocidas y realizadas por quienes llevaban las riendas del consorcio Turisme Jove, entre 2003 y 2007, resulta complicado desprenderse de la imagen de Jaume Matas dando una rueda de prensa en Colònia de Sant Jordi para proclamar una "inocencia" muy sui géneris y de interpretación libre. El president del "hágase" que "sólo" fue condenado a nueve meses de cárcel por la primera pieza del Palma Arena, tenía también bajo la capa de su ¿gobierno? el coladero de Turisme Jove. La jerarquía le otorgará, por tanto, algún grado de responsabilidad, cuando menos política, en cuanto se deshacía en el consorcio. Por eso, y todavía con muchos juicios por delante, la autoproclamación de Colònia de Sant Jordi está condenada a aparecer de forma periódica sobre las nieblas del asombro.

De todos modos, de Matas para abajo también hubo mucho desmadre. Lo desmontado con las herramientas de Turisme Jove, por su claridad y reconocimiento de los protagonistas, está llamado a quedar y consolidarse como pieza selecta del desguace de la Administración y de la orfandad de escrúpulos disimulada, por lo menos en algunos de sus actores, bajo apariencia de hombre bueno tentador para la confidencia. Toda una trampa.

En agosto de 2008 fue detenida la cúpula de Turisme Jove. Seis meses antes, este periódico ya había comenzado a informar sobre la trama del ente. El diseño del expolio montado es de clase preferente: facturas falsas, autoalquileres, comisiones de entre el 20 y el 30%, viajes de lujo, ágapes con langosta y hasta cafés en dignos bares de pueblo, cargados al contribuyente. De este modo, según las estimaciones hechas por la fiscalía Anticorrupción, se pudo llegar a cometer un perjuicio que ronda el millón de euros, del que sólo se han devuelto unos 300.000. Juan Francisco Gálvez, el exdirector general de Juventud, Damià Amengual, que ocupó la gerencia de Turisme Jove y Juan Francisco Gosálbez, exjefe de servicios y mantenimiento y considerado algo así como el cerebro de la trama, han reconocido los hechos y han negociado con la acusación en busca de unas condenas inferiores que han obtenido. Sólo ellos tres purgarán condenas de algo más de tres años en la cárcel. El resto de imputados, entre empresarios, mediadores y colaboradores, hasta completar la docena, también han pactado con el fiscal y saldarán cuentan por vía de multas.

Con pacto sellado, el juicio queda visto para una sentencia que en este caso se queda en trámite, lo cual no simplifica la gravedad de lo ocurrido y deja en evidencia algunos homenajes montados después de las detenciones iniciales. Las condenas asumidas serán, en distinto grado, por malversación, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, unos términos que ya abundan en exceso en demasiados currículums y herencias de quienes han ejercido la responsabilidad pública en este archipiélago con adicción al desguace.