Miquel Roca, apartado desde hace años de la política y actualmente abogado de la infanta Cristina, es probablemente el personaje público proveniente de la vida parlamentaria que más prestigio tiene en este país. De ahí que haya resultado muy llamativa su toma de posición sobre el Tribunal Constitucional (TC): "Desde la sentencia del Estatut catalán „ha declarado„ no me puedo creer nada de lo que diga este tribunal, y todo es opinable desde luego, pero yo participé en la redacción de la Constitución española, por lo que me parece que sé de lo que hablo". Roca quiso aclarar que su intención al efectuar tales manifestaciones no era menospreciar al TC, cuyos miembros, ha matizado, "me merecen todo el respeto personal, pero no así su posicionamiento colectivo".

En efecto, el Tribunal Constitucional es hoy una institución fallida. Por su ejecutoria, que ha llevado a este país a una encrucijada de difícil solución, y también, por qué no decirlo, por su composición, ya que al no haber sido capaces los partidos de apoyar simultáneamente a candidatos indiscutibles y apartidistas, abundan los juristas de cabecera, dispuestos a acatar la disciplina de los partidos que los han promocionado e investido.

Y cuando fallan las cuadernas del sistema político, sólo hay una solución para resolver el problema: la reforma constitucional.