Lograr un toque de sensibilidad, de humanidad y hasta de justicia, incluso frente a situaciones apabullantes, no es, pese a las apariencias, reacción altruista o gratuita. Cuando se desvanecen las rentabilidades económicas se procuran otras, aunque sólo sean de imagen y tiempo, pensadas como inversión de futuro para cuando el momento sea más propicio para la cuenta de resultados.
La banca no ha cambiado de mentalidad. Ni siquiera se puede afirmar que modula su voracidad. Cambia de estrategia y da un giro a su tratamiento de las deudas hipotecarias porque no le queda más remedio. Esta acorralada por la presión social, por sus propios excesos de tiempos atrás en la liberalización del crédito y por el cerco de las normativas europeas que delatan el mimo que recibe de la legislación española. Todo ello hace que la Ley Hipotecaria esté ya agotada. Se impone su renovación urgente. A la Asociación de Banca Española no le ha quedado más remedio que abrir brecha, dar un paso adelante y procurarse soluciones mejores y efectivas.
Bancos y cajas de ahorros se avienen a aparcar la ejecución de desahucios por espacio de dos años porque, a este paso, ya no le quedaban cerrajeros disponibles para proceder al drama de los lanzamientos. No podemos afirmar que a la banca como entidad le quede conciencia, pero sí que algo de ella resta en sus colaboradores necesarios para poder echar a la gente en paro o anciana de sus casas. A partir de ella ha comenzado y se ha consolidado la reacción que ha hecho que, aparte de los movimientos sociales organizados, jueces, abogados, procuradores y policías hayan dicho basta. No poder dormir por la noche como consecuencia del deber profesional cumplido, cuando se produce una y otra vez, se vuelve insoportable. El frenazo de los desahucios también ha debido pasar por el drama de algunos suicidios. Insistimos, nada es gratuito y a veces el coste económico es el menor.
Hemos contemplado la paradoja de ver como una banca rescatada con dinero público continuaba siendo inmisericorde con sus acreedores hipotecarios. Las deudas deben saldarse, por supuesto, pero adaptándolas a las circunstancias del momento y por lo menos incorporando los beneficios que uno recibe. Tampoco se puede obviar que buena parte de la situación actual arranca de una codicia bancaria propicia en exceso a conceder hipotecas insolventes. Debía haber calculado mejor los riesgos.
PP y PSOE alcanzan un consenso de necesidades mientras algunos bancos ya se les han adelantado. No les queda más remedio que aplicar una reforma inmediata y garantista que buscará su primer efecto legal en el próximo Consejo de Ministros. Se ha debido llegar al extremo de ver a alcaldes impedir la intervención de los agentes de la policía legal en los lanzamientos. Entre las iniciativas tomadas no figura ninguna del Govern Bauzá, ni siquiera testimonial, pese que los desahucios actuales en Balears oscilan sobre los 1.200. En eso, también se mira a Madrid. Algunos bancos y cajas han aplicado el parón por su cuenta adelantándose a la petición del ministro De Guindos para que "ninguna familia de buena fe se quede sin techo". Pero las asociaciones de consumidores y usuarios de banca también tienen claro que no se puede ni debe bajar la guardia.
