¿Qué pasará en EE UU con la Sanidad?

La sanidad americana no es hasta la fecha un modelo a imitar y, excepto por sus hospitales punteros, con investigaciones de primera línea, está lastrada por muchas de las deficiencias que en Europa, y en concreto en España, se habían subsanado hace décadas. No es universal, la inequidad es palmaria (diferencias abismales entre Estados) y el cuidado de la salud depende en buena medida del bolsillo de cada cual. En 1987, 31 millones de americanos no ancianos (12.9%) carecían de asistencia privada o pública, porcentaje que ha ido creciendo hasta el 17.1% en 2006 y el 18.4% (más de 55 millones) en 2010. Para los asegurados, las compañías privadas venden paquetes de atención que varían según el precio, y hay constancia de que se han rescindido repetidamente coberturas incómodas o gravosas en exceso (atención al embarazo, cáncer€). En cuanto a los programas federales, Medicaid y Medicare, el primero, destinado a población con bajos ingresos, presenta hasta 50 modalidades distintas y es difícil obtener la adecuada atención por su parte, dadas las exiguas contrapartidas económicas que ofrece a los médicos. En Medicare, el asegurado ha de compartir costes, y sus precarias prestaciones (no contempla, entre otras cosas, la atención domiciliaria) obligan demasiadas veces a hacerse, en paralelo, con un seguro privado.

De prosperar el ACA, en debate desde 2010 y que en la previsión más optimista comenzaría su andadura en enero de 2014, se espera que la expansión de Medicaid alcance a proporcionar asistencia a unos treinta millones de esos cincuenta y tantos sin ella; quedarían aún 25 millones al pairo y, en todo caso, los nuevos asegurados por parte del Estado, que ofrecería por lo menos diez modalidades asistenciales (urgencias, atención hospitalaria y ambulatoria, prescripción terapéutica, atención a la embarazada y el neonato, rehabilitación€), habrán de participar económicamente según la cuantía de sus ingresos, asumiendo desde un 40% del gasto ("nivel bronce") al 30, 20 o sólo el 10% ("nivel platino") e incluso menos en caso de que las percepciones no superen el 133% del considerado umbral de pobreza. Sin embargo, y pese a que la gratuidad siga siendo una excepción, se prevé un incremento sustancial del gasto público en sanidad, que ya ha crecido en ese país un 4% entre 2000 y 2010. Para su contención, se ha planificado la monitorización por parte del Nacional Benefits Advisory Council, aunque en el ínterin se estén arbitrando medidas y contemplando otras de difícil justificación.

Parece razonable pagar a las instituciones que prestan servicios sanitarios con base en GRD (Grupos de Diagnóstico Relacionado), lo cual ya sucede en nuestro país; es lógico que se incentive la reducción de costes (en Massachusetts desde 31 de julio) y, en el caso de la Atención Primaria (AP), convendría tomar nota por acá. Según datos recogidos entre 1999 y 2007, el 40% de la AP es cubierta en USA por especialistas (creencia de la población en un mejor cuidado si es proporcionado por estos, junto a la escasez de médicos de AP, peor remunerados). En este sentido, se plantean esfuerzos en educación sanitaria, al tiempo que Medicare pagará un incentivo del 10% sobre el costo de la prestación, si ésta corre a cargo de profesionales de AP.

Pero junto a estas medidas, se toman otras inadmisibles y que convendrá citar para aviso de navegantes. Se limitan las prestaciones en función de la contribución económica del ciudadano y, desde el mes de agosto, más de 2000 hospitales serán multados (con un 2 a 3% de la factura total) por exceso de readmisiones; casi uno de cada cinco enfermos (19%) vuelven al hospital antes de un mes tras el alta (estudio entre 2008 y 2011, sobre procesos neumónicos y enfermedades cardíacas), lo que supone 17.5 billones de dólares en facturas hospitalarias adicionales. Sin embargo, Medicare no ha tenido en cuenta que muchos de los centros penalizados, y que además presentan tasas de mortalidad inferiores a la media, atienden un elevado porcentaje de población afroamericana, de nivel económico bajo y, en consecuencia, mal atendida tras el alta, lo que explica el reingreso a la menor complicación y a falta de alternativas.

Potenciar la asistencia primaria ambulatoria, avanzar en una organización más equitativa, lograr una mayor cobertura que se acerque a la universalización, y adoptar medidas correctoras previo asesoramiento experto, son todavía asignaturas pendientes que el ACA, si finalmente obtiene la definitiva aprobación del Senado, deberá superar. Y también nuestro Gobierno a poco que mire más allá de sus narices. Siquiera por ver si aprende de aciertos y errores ajenos aunque, por lo sucedido en el último año, lo dude.