Pese al esfuerzo de los responsables de otorgar ayudas públicas en aparentar lo contrario, está claro que algo falla en la concesión de las dotaciones económicas previstas para paliar carencias sociales y humanas. No se puede generalizar, pero hay excepciones que claman al cielo y unos hechos que, incluso una vez comprobados, siguen pareciendo increíbles. Por triste que sea, donde logran llegar determinados desaprensivos, la realidad sigue superando a la ficción que pudieran generar mentes enfermizas. En Palma, se acaba de conocer uno de estos casos.

La Policía ha detenido al encargado de un piso para mujeres maltratadas porque, en vez de asistirles, las acosaba y venía a negarles, no sólo a ellas, sino a los hijos a su cargo, el pan y la sal, dado que les limitaba a 50 euros semanales la manutención para las nueve personas acogidas en el piso que regentaba y, aparte de vejaciones verbales y maltrato psicológico, les mandaba a la calle en busca de enseres y utensilios que pudieran venderse en el rastrillo. Parece evidente que, el único objetivo del encargado sin escrúpulos ni sentimientos, era sacar el máximo rédito personal de los 99.000 euros que llegó a recibir de la conselleria de Asuntos Sociales.

Por eso decimos que algo falla en la concesión de subvenciones elementales cuando sus filtros no logran detectar a elementos o colectivos, porque no está claro que fuera una acción individual, como el que nos ocupa. Ahora la conselleria exigirá el retorno de la ayuda otorgada, pero habrá que reconocer que el mal ya está hecho y que, por mucho que se hayan seguido los protocolos establecidos y las normativas fijadas, no queda más remedio que pulir el sistema en busca de oportunistas y desaprensivos como el autor de los presuntos maltratos a mujeres y menores que ya eran víctimas de acoso.

Incidentes de alto calado como éste, también perjudican la imagen de las entidades que, contra su voluntad, se ven involucradas en ellas. Mucho más si todo se mueve entre grupos sensibles o que no andan sobrados de integración social. Los hechos denunciados ante la Policía ocurrieron en el centro El Hilo de Ariadna que estaba gestionado por la Federación Balear de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Ya es reincidir en el infortunio que cuando necesitas acogida y tutela social caigas en un piso en el que, encima, te acosan con amenazas y vejaciones. Esto, independientemente de la condición de los concesionarios de la subvención del Govern, es lo que les ha ocurrido a las mujeres y a los niños que estaban en El Hilo de Ariadna. El escarmiento de la gravedad de los hechos deben servir necesariamente también para una Administración poco precavida. Ello al margen de la exigencia de responsabilidades personales a los presuntos autores.