Hasta ahora, los gobiernos españoles en minoría han conseguido con frecuencia su estabilidad parlamentaria por el procedimiento de intercambiar apoyos de minorías nacionalistas por transferencias de competencias a los correspondientes territorios. Así lo hizo el PP en su primera legislatura (1996-2000) y así acaba de hacerlo el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con el PNV. Muchos pensamos que tales trueques son descabellados pero pertenecen a la lógica del sistema. Ahora se comienza a plantear sin embargo otro riesgo desnaturalizador: Rosa Díez ya ha declarado paladinamente que su formación, UPyD, apoyará al partido que se comprometa a reformar el sistema electoral, eliminando las correcciones de la proporcionalidad que merman la representación de las minorías estatales. Y en igual sentido trabaja Cayo Lara, el coordinador de IU. Muchos pensamos que no hay que tocar la buena ley electoral que tenemos porque no es bueno incrementar la representación parlamentaria de las minorías y más bien habría que avanzar en sentido contrario. De ahí que postulemos prevención con respecto al chantaje que se avecina. Porque un cambio de tanto calado, capaz de debilitar la estabilidad de los futuros parlamentos, no debería depender del interés coyuntural de un partido político en apuros.
