La trama Koldo presionó al Govern del PP para que le firmara un desistimiento

Los pinchazos de la Guardia Civil señalan la influencia de los cabecillas «sobre algún responsable en la Administración Balear» para acabar con la reclamación

Jacobo Pombo(izquierda)  junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (centro).

Jacobo Pombo(izquierda) junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (centro). / Europa Press

Redacción

La trama Koldo presionó al actual Govern de Marga Prohens para obtener un documento de desistimiento de la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión (vinculada al exasesor de Ábalos) por las mascarillas fraudulentas que llegaron a Balears. Según el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)el pasado 4 de enero al que ha tenido acceso a este diario, los pinchazos policiales detectan conversaciones entre los presuntos cabecillas de la trama (Juan Carlos Cueto, Koldo García e Íñigo Rotaeche) donde señalan la necesidad de influir «sobre algún responsable en la Administración Balear» para que emita una resolución al considerar que el silencio administrativo no era suficiente para acabar con la demanda. 

Un desistimiento que finalmente se produjo y asumió en primera persona el actual director general del IB-Salut, Javier Ureña. Precisamente por este motivo el PSOE presentó en los juzgados una denuncia contra el propio Ureña por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La investigación de la UCO, que tilda a la reclamación balear como «eje de la relación·» entre Koldo y Cueto en la actualidad, apunta a una conversación entre el propio Cueto e Íñigo (Rotaeche) el 20 de diciembre de 2023 donde se extrae que a ambos «les preocupa que la Administración Balear no emita ninguna resolución explicando que el expediente queda extinto, y finalmente se produzca silencio administrativo». 

Al día siguiente, los mismos interlocutores volvieron a incidir en esta cuestión por teléfono y, según la investigación policial, Íñigo quería que «Cueto le aclare a Koldo que si la Administración balear no emite un documento desistiendo de la reclamación contra Soluciones de Gestión, y se cumplen los plazos, el silencio administrativo negativo continuaría con el procedimiento, y por lo tanto, con la responsabilidad solicitada a la mercantil». El 23 de diciembre de se produce otro diálogo, en este caso entre Koldo y Cueto donde este último expresa lo siguiente: «si mandan alguna cosa oficial y tal diciendo que no da lugar pues perfecto, si no vamos a tener pleito con ellos y un problema de cojones»

Influencia de Koldo

Así, la investigación de la Guardia Civil determina que, «del análisis de esta conversación se deduce que Koldo continuaría influyendo, a través de un tercero, sobre algún responsable en la Administración Balear y con el objetivo de que se traslade a Soluciones de Gestión (empresa vinculada a la trama) una respuesta. Todo ello ante la problemática que generaría la no emisión de ningún documento desistiendo de la reclamación efectuada, pues el silencio administrativo negativo significaría que continuarían con la reclamación de 2,6 millones de euros».

Decisión final del IB-Salut

Cabe recordar que el actual Govern de Prohens dejó caducar el expediente de reclamación por el lote de mascarillas defectuosas al no contestar a las alegaciones de la sociedad investigada y también comunicó que finalmente desistía de la demanda «ante las pocas posibilidades que tenía de salir adelante», según detalló en su momento Ureña. En este sentido, el director del Servicio de Salud asumió esta decisión sin contar con ningún informe jurídico de la Abogacía de la Comunidad que lo respaldara.

Asimismo, el propio juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, también afirmó que Koldo utilizó su poder e influencia para intentar que el Govern no reclamara el dinero: «Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en el contexto de la reclamación dimanante de la Administración balear, a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular». En este sentido, el magistrado señaló que «pocos días antes de la fecha límite (18 de enero) se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación».