Ureña: “No vamos a perdonarle ni un euro a la presunta trama corrupta” de las mascarillas

El director general del Servei de Salut responde a la denuncia interpuesta por el PSIB-PSOE contra él por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por el caso Koldo.

Ureña ha realizado estas declaraciones durante su visita de hoy al hospital General.

Ureña ha realizado estas declaraciones durante su visita de hoy al hospital General. / CAIB

I. Olaizola

I. Olaizola

“Tranquilidad absoluta. Estamos asistiendo durante semanas a la estrategia de confusión generada por algún grupo parlamentario (en alusión al PSIB-PSOE) pero seguiremos en la línea que estamos de rigurosidad y de intentar esclarecer toda la información que tengamos a nuestro alcance y, mientras tanto, recordar que estamos en muy buenas manos: en manos de la fiscalía europea, en manos de la Audiencia Nacional. Entendemos que se va a esclarecer todo el caso y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”.

De esta manera ha respondido hoy el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, a la presentación de una denuncia en el juzgado de instrucción por parte del PSIB/PSOE contra él y contra el gerente de la empresa Soluciones de Gestión por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por el caso mascarillas.

Sobre la acusación de que Ureña habría dejado caducar la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión en lo que supondría un presunto trato de favor hacia ella, el director general ha subrayado que “en primer lugar la reclamación no ha caducado. La primera reclamación finaliza con una resolución por desistimiento porque no satisface la recuperación de todo el montante de la operación ya que la reclamación parcial que habían dejado propuesta (el anterior Govern) solo permitía recuperar en el mejor de los casos 2,6 millones de euros”.

“En segundo lugar, también se decide desistir de ese procedimiento porque posteriormente, y es algo de lo que no nos habían informado, es que había un certificado de correcta ejecución en la que un directivo del Gobierno de Armengol dice que estaba todo el contrato ejecutado de plena conformidad y sin ninguna incidencia. Y en definitiva lo que se pretende es conseguir la declaración de nulidad del contrato”, ha continuado Ureña que ha abogado por continuar por esta vía.

“No vamos a perdonarle ni un euro a la presunta trama corrupta y vamos a pelear por todas las vías para intentar recuperar el montante total de la operación. Por eso en la vía administrativa estamos tramitando la nulidad del contrato, para recuperar todo lo pagado, y por otra parte también estamos intentando personarnos en la vía penal porque si finalmente se demuestra que se trataba de una trama corrupta devendría nulo el contrato y se podrían recuperar esos 3,7 millones”, ha asegurado

Por último, ante la acusación de los socialistas de que el director general habría firmado dos documentos sin ningún sustento legal por parte de la abogacía de la comunidad autónoma, hecho inédito en la Administración autonómica, según el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, el responsable sanitario ha señalado que “los informes de la abogacía no son necesarios ni preceptivos en este tipo de procedimientos por lo que esta afirmación es otra más de las maniobras que están llevan a cabo para generar esa estrategia de confusión. De lo que seguro que no hay un informe jurídico es de la compra de esas mascarillas que hizo el Gobierno de Armengol. Comprar un millón y medio de mascarillas defectuosas a una trama supuestamente corrupta relacionada con su partido, que sabían que no eran correctas por un informe que tenían del centro nacional de medios de protección, un informe que parece que ocultaron posteriormente a la abogacía de la Comunidad Autónoma, a la Intervención de la CAIB, a la Oficina Anticorrupción, a la dirección general de Fondos Europeos porque lo financiaron con fondos procedentes de Europa y por eso ha tenido que entrar su fiscalía, y parece también que se lo ocultaron a la UCO (Unidad Central Operativa, órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil) cuando se personó en el Servei de Salut para pedir una copia de toda la información relacionada con ese expediente. Por lo cual, lecciones de según quién absolutamente ninguna”, ha concluido.