Baleares alega contra la Ley de Costas por no reflejar los intereses de las islas
EP
El Govern ha presentado alegaciones a la reforma del Reglamento General de Costas que ajusta los límites de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, una decisión que responde a la preocupación por la adecuación de estas modificaciones a las necesidades reales del entorno costero las islas y a los procesos legales requeridos para su implementación.
El ejecutivo dirigido por Marga Prohens sostiene en una nota que el proyecto de reforma, propuesto tras la anulación del Reglamento de Costas de 2022 por el Tribunal Supremo debido a la omisión de la consulta pública, no refleja adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad.
El Govern considera que la consulta pública previa llevada a cabo se ha realizado sin facilitar a la ciudadanía el acceso a documentos claros y concisos y sin la información necesaria para una participación informada. También se cuestiona la necesidad de modificar el Reglamento General de Costas de 2014 por motivos relacionados con el cambio climático.
Objetivos "imprecisos e innecesarios"
Para la administración balear, la reforma del Reglamento General de Costas presenta objetivos "imprecisos e innecesarios", especialmente en la modulación y limitación de la duración de las concesiones, así como en la introducción de procedimientos de concurrencia competitiva sin justificación clara.
La propuesta incluye el desarrollo reglamentario de definiciones legales que implican nuevos deslindes, incorporando terrenos colindantes al dominio público marítimo-terrestre de manera injusta e incluso, en algunos casos, ilegal, ha apuntado el Govern.
"Las modificaciones sugeridas carecen de una necesidad demostrada y podrían violar principios de legalidad y coherencia normativa", han insistido desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. "Existen alternativas menos disruptivas para corregir errores, que permitirían abordar las preocupaciones sin alterar significativamente el marco regulatorio actual", han añadido.
El Govern, además, ha abogado por explorar soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias, a la modificación del reglamento, con el fin de evitar la eliminación de ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre.
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