Air Europa sufre otra infiltración en sus servidores de Mallorca

Tras el ciberataque protagonizado por hackers de origen ruso que sufrió en los servidores de su sede central en Llucmajor, entre los días 26 al 29 de septiembre, Air Europa avisó la noche del jueves de una segunda infiltración.

Lo hizo mediante una carta remitida a los posible afectados por la sustracción de datos. Una misiva en la que explicó que los análisis técnicos y de ciberseguridad llevados a cabo en el marco de las investigaciones relacionadas con la primera infiltración, le habían permitido identificar posteriormente «un acceso irregular a sus sistemas» que «habría podido producir una filtración de datos personales de clientes y pasajeros».

Air Europa detalla que los datos comprometidos de sus clientes que podrían haberse sustraído corresponden a las siguientes categorías personales: nombre y apellidos; DNI o pasaporte; código de viajero frecuente del programa Suma; dirección postal; fecha de nacimiento; teléfono; correo electrónico y nacionalidad.

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Y aunque la aerolínea asegura que hasta el momento no ha detectado un posible uso fraudulento de estos datos, recomienda a sus clientes que presten atención a cualquier comunicación sospechosa que proceda de direcciones de correo poco fiables o que utilicen un lenguaje con errores gramaticales y ortográficos. También aconseja a sus clientes potencialmente afectados que no descarguen ni abran archivos de fuentes no confiables y no pinchen en los enlaces incluidos en comunicaciones de fuentes desconocidas.

Igualmente aconseja no contestar mensajes sospechosos y cambiar los datos de acceso a sus cuentas y perfiles digitales al menos una vez al año, en especial sus contraseñas. En este sentido, la aerolínea subraya que nunca pide a sus clientes que compartan por correo contraseñas o cualquier otro dato confidencial.

La primera infiltración, que no se comunicó hasta octubre, comprometió los datos de 100.000 tarjetas bancarias de clientes de Air Europa. Y obligó a anularlas a los titulares de las mismas, aunque no se tuviera constancia de cobros irregulares. Algunos afectados informaron a este diario que la cancelación y renovación de la tarjeta les supuso un coste extra de seis euros en la tramitación.