Alquiler vacacional ilegal en Mallorca: Los socialistas denuncian que el Consell «maquilla» la inspección turística
Catalina Cladera califica de «ineficaz» el plan» del conseller Rodríguez y critica la carga de trabajo de los inspectores sin nuevas contrataciones
La socialista Catalina Cladera carga contra el plan contra la oferta turística ilegal del PP. / B. Ramon
Los socialistas han tildado este viernes de «ineficaz» el plan de lucha contra la oferta turística ilegal del Consell de Mallorca y acusan al PP de «maquillar» los datos de la inspección y «manipular» con comparativas, tras el balance que ha hecho el conseller Turismo, José Marcial Rodríguez. Sacan a colación que en octubre el presidente insular, Llorenç Galmés, y Rodríguez anunciaron que habían detectado 6.192 anuncios de inmuebles de alquiler ilegal y 30.292 plazas irregulares. Así las cosas también tiran de comparativas y deducen que las 239 actas de inspección iniciadas entre octubre pasado y febrero equivalen a un 3,8 % de aquellos inmuebles.
La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, califica los resultados del plan de «pobres, aunque quieran darle la vuelta a las cifras para hacer parecer algo que no es». Carga contra el PP y Vox por crear solo «apariencia» mientras fomentan «la imagen de impunidad con el sector».
Sin tramitación efectiva
El PSIB-PSOE tacha de «falso» que se haya aumentado la capacidad de tramitación de los expedientes. En la presentación del plan el pasado octubre el PP apuntaba a 312 actas levantadas en los nueve primeros meses de 2023, incluyendo la gestión de la anterior legislatura, mientras que desde el inicio del plan (de octubre a febrero de este año) el número de expedientes es de 239, cuestionan. Los 17 millones de euros propuestos en sanciones son «una cortina de humo» para «un titular, pero no se sustenta en una tramitación efectiva».
Los socialistas critican que el PP «no ha conseguido cruzar los datos fiscales y los urbanísticos para alcanzar mayor detección, ni tampoco ha exigido a las plataformas de comercialización que dejen de anunciar los inmuebles sin normativa».
Arremeten contra «la falta de liderazgo» de Rodríguez, el incremento de carga de trabajo de los inspectores sin aumentar la plantilla y piden que se aclare estado del expediente abierto la pasada legislatura contra Airbnb por valor de 150.000 euros.
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