Dos expertos descartan que se suplantara el correo clave del 'caso Exámenes'

Los acusados durante el juicio.

Los acusados durante el juicio. / B. Ramon

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Dos ingenieros informáticos han echado por tierra hoy una de las líneas de defensa de los acusados por el presunto amaño de las oposiciones en la Policía Local de Palma. Los expertos han descartado, en sus declaraciones durante el juicio, que se produjera una suplantación del correo clave del caso. Ambos han dejado patente que no es posible que alguien suplantara la dirección de correo electrónico del entonces director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, para remitir el documento con las preguntas de un examen que iba a celebrarse en 2013.

Aunque tanto estos especialistas, que trabajaban para el Institut Municipal d'Innovació (IMI), como dos agentes del departamento de informática de la Policía Local han señalado que había "vulnerabilidades" en el sistema y que era posible suplantar identidades en los remitentes, han precisado que esta brecha solo afectaba a los correos corporativos y no a los de Gmail, como es el caso de la filtración.

El que fuera director de innovación del IMI ha asegurado que "los sistemas del Ayuntamiento no eran lo mejor del mundo" y que se detectaron "vulnerabilidades". Ha señalado que era "fácil" acceder al sistema y remitir un correo, pero ha señalado que era necesario "tener conocimientos muy profundos" para suplantar a otra persona. Más contundente ha sido el ingeniero informático que trabajaba entonces como analista de sistemas en el IMI. "Si el remitente es de Gmail y el destino es de Gmail, no es posible suplantar", ha señalado el testigo, en alusión al correo remitido desde la dirección de Calvo a la del policía que posteriormente destapó la filtración.

Antes, dos policías que gestionaban el sistema informático del cuartel de Sant Ferran han afirmado que detectaron una brecha de seguridad que permitía a cualquier usuario de la red enviar un correo electrónico haciéndose pasar por otro, siempre que lo hiciera desde una dirección corporativa. El fiscal Juan Carrau ha cuestionado que un informe sobre estas brechas de seguridad fuera remitido al jefe de la Policía Local, Antoni Vera -ahora en el banquillo de los acusados por el amaño-, solo seis días después de que la Guardia Civil registrase el cuartel por la filtración. "No tiene ninguna relación, le doy mi palabra", ha replicado el autor del informe.