Sanción ejemplar por las represalias contra dos trabajadores

Una jueza de Palma ha confirmado una sanción económica ejemplar, impuesta por el Govern contra una empresa de seguridad, con sede en Palma, que adoptó represalias contra dos trabajadores porque se habían atrevido a reclamar sus derechos que les corresponden a todos los empleados. La conselleria de Trabajo propuso una sanción de 25.000 euros por una falta grave cometida por la compañía, además de imponerle la pérdida automática de las ayudas por los programas de empleo.

Estos dos vigilantes de seguridad realizaban un servicio fijo en las tiendas de una conocida cadena de supermercados. De pronto, la empresa de seguridad Prosegur decidió apartarles del servicio y enviarlos a su casa, a la espera de que apareciera una vacante. La excusa, que se demostró que era falsa, que presentó la empresa es que el cliente no estaba contento con el comportamiento de los dos vigilantes y acordó apartarles de este servicio. Sin embargo, la realidad era otra. Los dos empleados habían exigido a la empresa poder contar con un cuadrante laboral anual, o al menos semanal, para conocer los turnos de trabajo. También exigían su derecho a disfrutar de las horas de descanso que tienen todos los trabajadores, así como de poder tener un fin de semana libre al mes.

Los vigilantes de seguridad comunicaron su situación a la Conselleria y una inspectora de trabajo quiso conocer las causas que habían llegado a los trabajadores a sufrir esta situación. Esta funcionaria comunicó con la empresa y le exigió explicaciones de lo ocurrido. La compañía de vigilancia, en primer término, señaló que este servicio de seguridad en el supermercado era temporal y al terminar el verano no era necesario este refuerzo. Sin embargo, se demostró que esta excusa era falsa. También se alegó que el cliente no estaba satisfecho con el trabajo de los vigilantes, pero cuando la Inspección se puso en contacto con la empresa de supermercados, la respuesta fue que no tenía ninguna queja del comportamiento de los dos trabajadores. Es decir, de nuevo se alegó una excusa falsa para justificar el cambio de destino de los dos vigilantes represaliados.

La Inspección también exigió a la empresa de seguridad que le facilitara los cuadrantes sobre los horarios que debían cumplir los vigilantes, para comprobar si se cumplían las horas de descanso y los empleados podían disfrutar al menos de un fin de semana libre. La empresa puso muchas trabas para facilitar esta información, hasta que al final tuvo que reconocer que los vigilantes no disfrutaban de las horas de libranza que fijaba el convenio colectivo. Al llegar a la conclusión de que no existía razón objetiva que justificara este cambio de destino, salvo que esta decisión estaba directamente relacionada con la exigencia de que se les reconociera sus derechos laborales, Inspección de Trabajo exigió a la empresa que reintegrara a los dos vigilantes a su antigua función.

Esta orden nunca fue cumplida, entre otras cosas porque mientras se tramitaba esta investigación laboral, la empresa alcanzó un acuerdo con los dos trabajadores que fueron despedidos a cambio de una indemnización. A pesar de ello, el Govern acordó sancionar a la empresa por esta infracción laboral.

La compañía despidió a los empleados díscolos

La empresa de seguridad alcanzó un acuerdo económico con estos dos trabajadores díscolos, que lo único que hicieron fue exigir que se respetaran sus derechos laborales. Se pactó un despido improcedente, de tal manera que la empresa se desvinculaba de la relación con estos dos empleados a cambio de una indemnización económica. El juez, que ha ratificado esta sanción, recuerda que un empresario comete una falta muy grave cuando somete a los trabajadores a un trato desfavorable tras una reclamación laboral.

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