El Constitucional admite a trámite el recurso contra la eliminación del requisito de catalán en la sanidad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esta mañana el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Obra Cultural Balear y firmado por 50 diputados de los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar Més contra el decreto del Govern que elimina el requisito de catalán de la sanidad pública y analizará una posible vulneración de derechos. El miembro de la junta directiva de la OCB, Antoni Llabrés, asegura que han alcanzado este "primer hito", que era la superación del primer filtro de la admisión a trámite: "Estamos esperanzados de que el Tribunal Constitucional acabe dándonos la razón".

En este sentido, la OCB considera que el decreto ley del Govern de Marga Prohens vulnera el principio de igualdad, consagrado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut de Autonomia: "Atenta, asimismo, contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente, al sacrificarse el derecho de los ciudadanos a utilizar, en condiciones de igualdad y con normalidad, la lengua catalana en sus relaciones con la administración sanitaria".

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El Govern elimina el requisito de catalán en la sanidad en Baleares

Llabrés apunta que el decreto también vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 de la Constitución Española, y con el principio jurisprudencial de no regresión, en este caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatut "constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionado, y contrario a los mandatos de normalización".

Además, el jurista considera que se hace un "uso fraudulento" de la figura del decreto ley porque "no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad ni contiene una definición explícita y razonada de la situación, como exige la jurisprudencia constitucional, que pueda legitimar la actuación del Gobierno". Tampoco se da, según apunta, lo que el Tribunal Constitucional denomina "conexión de sentido" entre la situación declarada como urgente y las medidas concretas que en el decreto ley se adoptan por considerarlas necesarias para paliarla.

"Sin sanitarios capacitados lingüísticamente, el derecho de los pacientes a elegir la lengua oficial que deseen en su relación con médicos y personal de enfermería se convierte en papel mojado: se les obliga a hablar en castellano y se les convierte en ciudadanos de segunda, poniendo en una posición de desigualdad", afirma Llabrés. Asimismo, denuncia que los ciudadanos de Baleares "verán mutilado su derecho a comunicarse con la administración sanitaria en su lengua de preferencia, si esta es la catalana, lo que supone una vulneración del derecho de opción lingüística recogido en el artículo 14.3 del Estatut".

Llabrés también recuerda que la conselleria de Sanidad "no dispone de ningún estudio, ningún dato y ninguna prueba" que vincule la exigencia de conocimientos de catalán con la dificultad de captar profesionales para determinadas categorías deficitarias y que, en todo caso, para estos casos la ley ya preveía la posibilidad de excepción y aplicación de una moratoria: "Que el catalán no es ningún problema lo han manifestado en reiteradas ocasiones voces autorizadas del sector como el Director del Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) o la directora del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Islas Baleares (COAIB), porque las dificultades para captar sanitarios se deben, sobre todo, al elevado coste de la vida en las Islas Baleares y los problemas para acceder a una vivienda". Además, añade, la carencia de profesionales en ciertas categorías es "común a todas las comunidades autónomas, también a las monolingües castellanas".

Por último, la OCB denuncia que la eliminación del requisito de catalán de la sanidad fue "la primera de las medidas regresivas impulsadas por el Govern de Marga Prohens contra la lengua catalana" y advierten de que harán uso "de todos los instrumentos a nuestro alcance" para hacer frente a las "agresiones" contra la lengua propia de Baleares.