Los arquitectos ven «difícil de aplicar» el decreto de vivienda

El COAIB alega que la norma se ha aprobado «con prisas», por lo que han presentado una batería de alegaciones a la norma al detectar anomalías

E.P.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) cree que las «prisas» con las que se ha redactado el decreto de emergencia habitacional dificultan su aplicación por lo que ha presentado una batería de alegaciones a la norma para su posible incorporación durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

En relación a la creación de la nueva figura de vivienda a precio limitado (VPL), el Colegio da la bienvenida a la oportunidad de que se creen nuevas tipologías que faciliten el acceso a la vivienda de más sectores de la sociedad, aunque el hecho de que las VPL sean un 30% más rentables que las VPO provocará, a su juicio, un menor interés en la construcción de viviendas protegidas. Así, consideran que se podrían incluir más incentivos para construir VPO.

En todo caso, los arquitectos ven posible que si más sectores sociales acceden a VPL, el descenso de la demanda en el resto de opciones provoque un descenso de los precios.

El Colegio propone también, en relación a las VPL, que se fije una capacidad mínima para evitar, por ejemplo, lofts de 90 metros cuadrados para una sola persona, que no responderían al objetivo de optimizar el suelo.

Sobre las competencias municipales, los Arquitectos creen que la posibilidad que se da a los Consistorios de aplicar o no aplicar el decreto, generará una manera de hacer planeamiento sin seguir ningún tipo de procedimiento urbanístico, lo que a su juicio supone retirar derechos urbanísticos a la población y sin participación ciudadana.

De este modo, el COAIB considera que se podría generar discrecionalidad por parte de los Ayuntamientos e incertidumbre por parte de las personas interesadas.

El Colegio de Arquitectos también ha expresado su «preocupación» por el hecho de que las normas temporales se apliquen plenamente desde el primer día y sin discriminación en los inmuebles considerados como patrimonio histórico.

«No parece apropiado no excluir directamente del ámbito de aplicación del decreto todo este patrimonio, cuyos valores pueden desaparecer y que son parte de nuestra historia, identidad, motor cultural y atractivo turístico», concluyen.