El PSOE registra una ley para mantener la media hora de precontratación de las VTC
Los socialistas pretenden conservar el plazo de 30 minutos de antelación para emplear un Uber, una de las principales demandas del sector del taxi
Un vehículo de Uber en el aeropuerto de Palma. / Manu Mielniezuk
El PSIB-PSOE ha presentado una proposición de ley en el Parlament que mantendría el plazo de 30 minutos de antelación para contratar un servicio de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), una de las principales demandas del sector del taxi. La propuesta de los socialistas choca con la nueva normativa en la que está trabajando el Govern, que prevé eliminar este periodo de precontatación.
Así, la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad está trabajando en una nueva regulación que busca adaptarse a la jurisprudencia estatal y europea, que ya ha suspendido las restricciones que pesan sobre las VTC en otras comunidades. Con ello, el Ejecutivo pretende evitar que se conceda «un aluvión de nuevas licencias» para todas las solicitudes presentadas hasta el momento, a raíz de una sentencia judicial. Desde la conselleria de Movilidad se informó de que «es necesaria esta adaptación normativa teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo», que ya declaró la nulidad del periodo de contratación previa para las VTC en el País Vasco.
Sin embargo, la posibilidad que plantea el Govern de eliminar el plazo de 30 minutos de antelación ha sentado muy mal al sector del taxi de Palma, ya que entiende que esta decisión no está justificada, salvo que responda a la presión que puedan estar ejerciendo los empresarios de los vehículos de transporte con conductor. Según anunció Gabriel Moragues, el presidente de la Asociación de Taxistas de Mallorca, la mayoritaria del sector, los profesionales que representa están muy indignados con esta decisión.
El representante del sector de los taxis consideró que antes de adoptar esta decisión se debería conocer la decisión del Tribunal Constitucional, que en breve se pronunciará sobre la posible ilegalidad de estas restricciones al sector de los vehículos de transporte con conductor. El Constitucional debe pronunciarse a petición del Tribunal Supremo, que planteó sus dudas constitucionales sobre estas medidas restrictivas.
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