El STEI prevé que «los ataques» a los centros educativos irán a más

«El otro día un padre quitó un cartel sobre coeducación de un centro, diciendo que no tenían por qué enseñarle eso a su hija», explicó ayer Miquel Gelabert, secretario general del STEI, quien también recordó el caso sucedido hace unas semanas en Campos, cuando una madre irrumpió en el colegio Joan Veny i Clar e intentó que los alumnos cantaran 'Viva España'. Según Gelabert, estos «ataques» hacia los centros educativos irán a más (alentados por el pin parental y la promesa de la libre elección de lengua) y por eso aseguró que el sindicato «se pone a su disposición» para ayudarles a defender sus proyectos lingüísticos y pedagógicos.

También creen que aumentarán las demandas de las familias para exigir un 25% de castellano, como ya han hecho tres familias del IES Calvià, asesoradas por la asociación Plis, apoyándose en las sentencias emitidas ya en este sentido. En Cataluña, 25 centros educativos han modificado sus proyectos para cumplir con la sentencia de su Tribunal Superior de Justicia, indicó Iolanda Cuesta, del sindicato catalán USTEC-STEs, quien criticó la escasa resistencia y floja respuesta de la Generalitat a estas sentencias y llamó a los centros a la insumisión como única salida posible.

Costa y Gelabert comparecieron ayer en Palma junto a su compañero Marc Candela, del sindicato valenciano STEPV, para lanzar un mensaje claro: «Estamos unidos y bien organizados contra los que pretenden la aniquiliación del catalán y la sustitución lingüística en nuestros territorios». Y es que ese es, sostienen, el objetivo real que hay detrás de todas las acciones emprendidas desde los gobiernos comandados por PP y Vox y las ideas difundidas por algunos grupos para cambiar los modelos lingüísticos vigentes en las tres comunidades catalanoparlantes.

Los tres sindicatos ‘hermanos’ anunciaron que están preparados para presentar batalla «a nivel jurídico y social» con campañas de sensibilización «para ganar el relato», con movilizaciones y acudiendo a los tribunales si es necesario.

Las tres entidades advirtieron de que esta «ofensiva» contra el catalán se está produciendo en un momento en el que además el uso de esta lengua a nivel social está retrocediendo, motivo por el cual se hace «imprescindible» reaccionar, más si se tiene en cuenta que, como señaló (y lamentó) Gelabert, el ámbito educativo es hoy por hoy «el único en el que se trabaja por la normalización». El sindicalista recordó que ya son más de 50 los centros que se han hecho la foto simbólica con el lema La llengua no es toca e insistió en que los problemas reales de la educación son otros aunque haya grupos a nivel político y social interesados en «problematizar» la lengua catalana. Aseguró que «el 99% de las iniciativas de Vox en el Parlament son contra la lengua catalana». Desde el STEI han empezado una campaña de sensibilización en los centros, confeccionando un argumentario que esperan tener listo a mediados de diciembre, y empiezan a sopesar opciones de movilización.

Segura, del USTEC-STES, explicó que ya hay evidencias del retroceso del catalán a nivel social y en las aulas catalanas y que la Generalitat no está defendiendo su uso en la enseñanza ni el modelo de inmersión como le correspondería (con lo que está «vulnerando los derechos de los catalanoparlantes», denunció). Defendió la inmersión como un modelo de consenso y de éxito que además «favorece la cohesión y la igualdad de oportunidades».

Marc Candela, del STEPV, lamentó que el actual gobierno autonómico del PP y Vox de la Comunidad Valenciana «persigue cualquier cosa que tenga que ver con el catalán» y que estudian un modelo de elección que reducirá aún más la presencia del catalán en los centros y a nivel social y que sustituirá al sistema plurilingüista del Govern del Botànic, que fijaba un 25% en castellano, un 25% en catalán (y a partir de aquí un máximo del 60% en una de las dos lenguas) y el resto en inglés.

Pese a que este modelo en realidad nació del PP, ahora este partido y Vox quieren implantar un programa único en el que cada familia elija la lengua vehicular, «un gran retroceso para la enseñanza en catalán», alertó Candela, que aboga por implantar un sistema similar al Decret de Mínims, aunque considera que lo ideal «sería un sistema de inmersión lingüística».