Afectados por el veto de patinetes en buses y trenes de Mallorca: «Para llegar puntual al trabajo me tendré que comprar una moto»

Mañana entrará en vigor el veto por seis meses que el Govern ha impuesto a los patinetes en el transporte público de Mallorca

«Tendré que comprarme una moto», lamenta una usuaria

La prohibición complicará la movilidad de muchos ciudadanos

Veto a los patinetes eléctricos en el transporte público en Mallorca: "Tendré que comprarme una moto o un coche"

Bernardo Arzayus

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Mañana, el veto a los patinetes eléctricos en la totalidad del transporte público mallorquín será una realidad. El Govern anunció la pasada semana que, durante seis meses, «la Dirección General de Movilidad (...) ha acordado la suspensión temporal del acceso de patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas y el resto de vehículos eléctricos de movilidad personal (VMP) de los servicios de tren y autobús interurbano de la isla». Sin embargo, la decisión va más allá, y tampoco permitirá la entrada de los VMP a las instalaciones del Servei Ferroviari de Mallorca, de las que destaca la Estació Intermodal.

Siguiendo los pasos de la EMT, que ya prohibió el acceso a este tipo de vehículos en octubre, el Ejecutivo justifica la medida alegando «motivos de seguridad» y apoyándose en los incendios en las baterías ocurridos en Madrid y Barcelona, además de en las prohibiciones a los VMP en el transporte de importantes ciudades europeas como París o Londres.

Esta medida tendrá un gran impacto en la rutina de aquellas personas que, acompañadas de su patinete eléctrico, utilizaban el transporte público para llegar a su trabajo o, en algunos casos, a clase. «Durante la semana voy a estudiar a la UIB, y me facilita muchísimo el camino», relataba Alexander Quiñones, un usuario habitual de estos vehículos que se disponía a subirse al tren para ir a clase. Quiñones explicaba que a partir de ahora tendrá que ir a pie, algo que modificará sustancialmente sus horarios. «¡Qué mala idea!», lamentaba antes de partir hacia la Universitat.

Nelli Nina también utiliza el patinete a diario, y reconoce que gracias a él se ahorra veinte minutos desde la estación de tren hasta el Parc Bit, además del trayecto desde su casa hasta el metro. «Es una medida muy dura para los que vamos al trabajo en patinete», criticaba. Nina reconocía que se estaba planteando cambiar su método de transporte a una bicicleta, aunque para ella la opción de más peso era terminar comprándose una moto: «Ahora, para hacer las cosas rutinarias de siempre como ir al trabajo tendré que comprarme una moto o un coche». En su caso, no le «queda otra» que «coger el bus y mirar las frecuencias», pese a que no se mostraba muy optimista con esa opción: «Van tan mal que es posible que llegue tarde al trabajo».

Tanto Quiñones como Nina coincidieron al ser preguntados por una solución: establecer controles a los patinetes que garanticen su seguridad y permitan mantener su presencia en el transporte público insular. Nina fue más allá, y propuso directamente exigir responsabilidades a los propios fabricante, pues según su testimonio «todo esto tendría que reclamarse a quien fabrica los patines».

Por último, otra de las afectadas por esta medida aseguraba que el veto «me ha perjudicado mucho». Su nombre es Jeronima Coll, y lleva siendo usuaria del patinete eléctrico desde 2017. En su relato, explicaba que además de ser n transporte cómodo, estos vehículos pueden plegarse y ocupan poco espacio. «Era una manera de que una persona no tuviese que utilizar un coche para ir desde un pueblo hasta Palma», argumentaba Coll.

«Más coche», lamentaba tras confesar que, probablemente, se vería obligada a volver a utilizar su vehículo de cuatro ruedas de nuevo. «Gasta mucha gasolina además», puntualizaba.

De este modo, el veto podría llegar a incrementar el número de vehículos en carretera debido a la imposibilidad de muchos de acceder con facilidad a las estaciones de tren o de autobús. Lo que ya es un hecho es que la media aboca al cambio a muchos ciudadanos, algunos de los cuales ya han mostrado su descontento ante la ‘prueba piloto’ que el Govern prolongará durante los próximos seis meses.