El Govern reclama a Sánchez que recupere el convenio de carreteras

El Govern pone sobre la mesa las principales reclamaciones que planteará al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que tomó posesión ayer del cargo: recuperar el convenio de carreteras y el ferroviario, la implantación de un plus de insularidad para los funcionarios que vengan a trabajar a Balears y la aprobación del reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal de las islas.

Sobre el convenio de carreteras, el ministerio de Hacienda dio carpetazo a la firma porque teóricamente estas inversiones están incluidas en el factor de insularidad del Régimen Especial para Balears (REB). «Conforme a los criterios marcados por el ministerio de Hacienda y Función Pública, la financiación de inversiones en Balears se canalizará a través de otras vías y no mediante convenios en materia de carreteras», rezaba la misiva enviada en marzo tras una reclamación del PP.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, asegura que plantearán durante toda la legislatura su «agenda balear» en la que, además de todas las reivindicaciones citadas anteriormente, reclamarán la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, para que incluya cuestiones como la insularidad, el crecimiento poblacional, el mayor coste de vida o el impacto de la población flotante.

Asimismo, reclama para Balears el mismo trato que para Canarias después de conocerse que el otro archipiélago podría tener la gratuidad total del transporte público en 2024, mientras que en las islas se aplicaría el descuento solo a menores de 35 años, mayores de 65 años y trabajadores desempleados: «No contemplamos que no se nos otorgue, sería inadmisible».

Sobre la posibilidad de que haya falta de entendimiento entre el Govern y Madrid, el portavoz asegura que no serán ellos quienes planteen una confrontación con el Gobierno «excepto si se discrimina a esta comunidad por una cuestión política o de color político». En este sentido, defiende que no aceptarán que los ciudadanos de Balears sean tratados de forma diferente por haber votado a PP y Vox en las elecciones autonómicas: «Nunca agacharemos la cabeza ante Sánchez porque este Govern tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de Balears».

Costa dio la enhorabuena al presidente del Gobierno por su reelección aunque lamenta «profundamente el enorme precio que ha pagado y pagará por la investidura». El portavoz considera que el dirigente socialista «ha cruzado líneas rojas» que no se habían traspasado antes en democracia y le acusa de haber provocado «una división» de los ciudadanos sin precedentes: «Es un presidente legítimo sin lugar a dudas, pero llega con un precio muy elevado y nos preocupa mucho cuál es el que acabará pagando en la legislatura». Una delegación de miembros del PP de Balears encabezada por el diputado del Congreso, José Vicente Marí Bosó, y la senadora por Mallorca, Maria Salom, asisten hoy a la concentración contra la amnistía convocada por representantes de la sociedad civil en Madrid.

Sindicatos y patronales

UGT Illes Balears muestra su satisfacción por la reelección de Sánchez y reclama «cordura» y «responsabilidad» a los partidos políticos que le han dado apoyo. El secretario general, Lorenzo Navarro, afirma que España necesita que se forme «cuanto antes» un Gobierno que afronte con «diálogo y sensibilidad social» los retos que tiene el país: «El Gobierno tiene que continuar con las medidas de los últimos años, medidas que benefician a las mayorías sociales y a la clase trabajadora».

Para UGT, el pleno empleo y la equidad entre hombre y mujeres son algunos los retos que tiene el conjunto del Estado, así como la reducción por ley de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo y del precio del despido improcedente.

Por otra parte, la patronal PIMEM avisa a Sánchez de que no se pueden tomar medidas que afecten a las empresas «sin estudios y análisis que avalen las decisiones políticas y mucho menos sin un debate de consenso que dé estabilidad a largo plazo».

Consideran que la propuesta sobre la reducción de la jornada laboral, incluida en el acuerdo entre PSOE y Sumar, es «un error tanto en las formas como en el fondo» porque, según defienden, «en un contexto de tanta tensión ideológica no es el mejor escenario para hacer proclamas laborales y sin un mínimo debate entre los actores que más pueden sufrir estas medidas en este caso, pymes y autónomos».