El Consell de Mallorca protege sa Feixina sin pasar por el pleno para evitar el debate público

Las entidades memorialistas no podrán participar en la discusión

Més tilda la decisión de PP y Vox de «opaca y poco transparente»

El monolito de sa Feixina.

El monolito de sa Feixina. / Guillem Bosch

EFE

El Consell de Mallorca ha decidido proteger el monolito de sa Feixina sin pasar por el pleno de la institución insular y, por tanto, sin dar oportunidad a que haya debate público en el que puedan participar tanto la oposición como entidades memorialistas. Estas últimas ya no tendrán la oportunidad de hablar en el plenario.

El portavoz de Més per Mallorca en la institución, Jaume Alzamora, denuncia que el pacto PP-Vox ha «escondido la decisión» sobre este monolito en el Consell Executiu ―el gobierno del Consell― del miércoles pasado, privando a los partidos de la oposición de mantener un debate público y abierto sobre esta «polémica cuestión».

Alzamora remarca que la propia vicepresidenta insular y consellera de Cultura anunció en la Comisión de Patrimonio que sa Feixina formaría parte del orden del día del pleno de este jueves, pero de manera «sorprendente» el orden del día no incluye este punto.

Se trata de una decisión «opaca y poco transparente» del gobierno del Consell, por lo que Més ha registrado una pregunta de urgencia en el pleno del jueves para que el gobierno insular «dé explicaciones y no se esconda, como ha hecho hasta ahora».

Alzamora explica que «la urgencia con la que actúa el pacto PP-Vox en el Consell responde a una estrategia de ambos partidos, en el ámbito local e insular, para proteger el monolito fascista sin agotar la vía judicial». Ahora mismo, subraya Alzamora, se está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el monolito. Además, desde el inicio del expediente se ha producido un cambio legislativo que impediría su protección y obligaría a su demolición, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática de 2022.

«Todo nos hace pensar que existe un acuerdo para dificultar una posible retirada del catálogo de bienes protegidos o incluso derribar el monolito si así lo decide, finalmente, el Tribunal Constitucional», remarca Alzamora.