El PP fulmina por ley la Oficina Anticorrupción que investiga la trama de Campos

El Partido Popular de Baleares cerrará por la vía rápida la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, creada en 2016 por el Pacto, justo después de conocerse que este organismo acusa al director general de Emergencias del actual Govern, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015 como concejal responsable de esta área, en la que estarían implicadas al menos otras cinco personas. Los populares presentaron ayer por sorpresa una proposición de ley que tiene por objetivo la clausura exprés del ente en un plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor y el cese fulminante de su director, Tòfol Milán.

El PP oculta la corrupción

Los populares han puesto a Milán en el centro de la diana y, a pesar de que la clausura del ente se puede posponer hasta tres meses, su destitución tendrá lugar justo el mismo día en que entre en vigor la ley. «Había muchos nervios por el cierre y han querido dar los últimos coletazos», aseguró ayer la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, sobre el extenso informe de la Oficina en el que se apunta a la implicación de otras cinco personas: un policía local de Campos, un ingeniero técnico municipal, una técnica jurídica de actividades municipales, el arquitecto técnico municipal y el exalcalde y exconcejal de Urbanismo de Campos por Unió Mallorquina (UM) y ahora director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard.

El PP ha realizado en los últimos días una defensa sin ambages de todos los implicados e incluso emitió un duro comunicado en el que acusaba al director de Anticorrupción de «apurar» para «prestar sus últimos servicios a los socialistas» al frente de una oficina «pensada e ideada como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE».

La dirigente popular aprovechó la rueda de prensa de ayer en el Parlament para cargar duramente contra la Oficina y su director porque «no vamos a tolerar que haya un órgano encargado de difamar y difundir las acusaciones». Además, retiró toda legitimidad al ente con afirmaciones como «se creó como herramienta política porque todo lo filtrado se ha hecho para hacer daño a un partido [el PP]», «se ha utilizado como una máquina de difamación», «dan validez a cualquier denuncia» o «es un órgano totalmente desprestigiado y una máquina del fango contra el PP».

El diputado de Vox Xisco Cardona se limitó a confirmar que apoyarán la iniciativa del PP porque «no le daremos más importancia» a las investigaciones iniciadas por la Oficina al considerar que «ya hay suficientes organismos para controlar, y no creemos que sea el camino adecuado para depurar responsabilidades».

La supresión de esta oficina no estaba incluida en el acuerdo de gobierno que firmaron Sebastià Sagrerar (PP) e Idoia Ribas (Vox). A pesar de que ambas formaciones han reiterado públicamente su interés en cerrar la Oficina ―en ningún momento habían establecido una fecha concreta para su clausura―, finalmente quien ha decidido presentar la ley ha sido el PP en solitario, previo aviso a sus socios.

El PP quiere que, a partir de ahora, la Sindicatura de Cuentas asuma la función de prevención de la corrupción, aunque el organismo ya ha avisado en varias ocasiones de que no tiene ni las competencias ni los recursos suficientes para esta tarea.

Sobre las investigaciones que están actualmente en marcha, como la supuesta trama de Campos, la ley establece que se remitirán todos los expedientes a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma, órgano dependiente de la conselleria de Función Pública, que se encargará de enviarlos «al órgano que considere, a fin de que por estas se les dé la tramitación que legalmente proceda». Esto supone una derivación de todos los informes al ejecutivo para que decida qué se debe hacer con las investigaciones.

El PSIB-PSOE anunció ayer que pedirá directamente explicaciones a la presidenta del Govern, Marga Prohens, acerca de «por qué quiere suprimir la oficina, por qué tiene tanta prisa por hacerlo y por qué lo hace sin ningún rigor». El portavoz de los socialistas en la Cámara, Iago Negueruela, criticó a los ‘populares’ porque «cuando se conoce un caso que afecta directamente a miembros del Govern de Prohens, ocultan, suprimen y eliminan mecanismos de control, algo que recuerda a las etapas más oscuras del PP».

Por su parte el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, considera «inadmisible» la iniciativa del PP antes de la aprobación de los Presupuestos Autonómicos de 2024 «justo cuando se ha hecho público que un cargo del Govern de Prohens está siendo investigado».

El portavoz de los ecosoberanistas asegura que la única urgencia del PP para tomar esta decisión es «tapar» un posible caso de corrupción de un miembro de su Govern y recuerda que numerosos cargos del partido han sido condenados por casos de corrupción como el Caso Andraitx, Colacao (CDEIB), Palma Arena, Turismo Joven, Funeraria o Ibatur. Además, considera que lo correcto sería que Sureda diera un paso al lado mientras se lleva a cabo la investigación.