Baleares ha gastado más de 2.000 millones de euros en conciertos con la sanidad privada en los últimos 20 años

Baleares lleva muchos años derivando pacientes de la sanidad pública a la privada para hacer frente a las listas de espera. En el último año han sido alrededor de 1.500 cada mes pese a que la decisión sigue sin rebajar el número de pacientes que espera a ser atendido por un especialista. Hace justo un año el Partido Popular denunciaba en el Parlament que el Govern del Pacto había destinado más de 50 millones de euros a convenios con la sanidad privada y habló de «la mayor acción de privatización asistencial sanitaria de la historia de esta comunidad autónoma». Según la última actualización de la Estadística de Gasto Sanitario Público, un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, Baleares gastó, entre 2002 y 2021, 2.149 millones de euros en conciertos con la sanidad privada, lo que supone un desembolso anual de 107 millones.

Los sindicatos, preocupados por las derivaciones a la sanidad privada

En estas dos décadas se pueden vislumbrar dos periodos claramente diferenciados. Mientras en los primeros años el gasto no superaba el 5 por ciento del presupuesto anual de la conselleria de Salud —entre 2002 y 2010, se destinaron 475 millones de euros—, a partir de 2011 cambió radicalmente la tendencia y se empezó a destinar una cantidad de recursos mucho mayor —entre 2011 y 2021 fueron 1.674 millones—, que oscila entre el ocho y el once por ciento del presupuesto sanitario total. El cambio de tendencia se produjo, por tanto, al inicio de la segunda década del siglo XXI, como evidencian los datos facilitados por el ministerio de Sanidad.

Concretamente, en 2010 se destinaron 85 millones a conciertos con la sanidad privada en Baleares. Solo un año después, en 2011, fueron 128 millones. Esto supone una subida de 43 millones. Esta subida tan pronunciada coincidió con la legislatura del PP de José Ramón Bauzá, entre 2011 y 2015. En aquellos años se produjo un cambio claro de tendencia que ya se ha consolidado: 128 millones en 2011; 116 en 2012; 123 en 2013; 155 en 2014 y 145 en 2015.

Más de 83.000 baleares están en lista de espera en la sanidad pública

En las dos legislaturas del Pacto de izquierdas se mantuvo la tendencia alcista, incluso con cifras por encima de los registros de la legislatura 'popular': 153 millones de euros en 2016; 173 en 2017; 164 en 2018; 178 en 2019; 163 en 2020 y 172 en 2021. Este último año se destinaron por ejemplo 8 de cada 100 euros del presupuesto sanitario (2.000 millones de euros) a los conciertos con la sanidad privada.

En solo dos años, desde 2019 hasta 2021, el presupuesto general de todas las comunidades destinado a los conciertos sanitarios aumentó de 8.267 a 9.227 millones de euros. Esto supone una subida de 960 millones, un 11.61 más, en un corto lapso de tiempo. Este periodo coincide con la llegada de la pandemia, que puso contra las cuerdas a los servicios sanitarios durante muchos meses. 

Por comunidades, Madrid fue la que más aumentó el gasto en conciertos sanitarios de toda España (34,96%), seguida de Castilla-La Mancha (21,74%) y Cataluña (18,1%). En cambio, solo hubo cuatro comunidades en las que los recursos destinados a esta partida se redujeron: La Rioja (-18,4%), Aragón (-6,86%), Baleares (-3,6%) y Canarias (-1,5%).

Seguros privados

Baleares también está arriba del todo en el ranking nacional de contratación de seguros de salud privados, solo por detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña. Según los últimos datos del Informe Sanidad Privada, aportando valor 2023 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), en las islas hay un total de 357.084 personas que tenían este servicio contratado en 2022, lo que implicaba una tasa de crecimiento anual del 2,3% en el número de asegurados entre 2017 a 2022. Las islas se encuentran entre las cuatro comunidades autónomas con mayor porcentaje de su población con aseguramiento privado con un 33,3 por ciento, solo por detrás de Madrid (41,3%), Cataluña (40,3%) y La Rioja (34,6%).

Ley parada en el Congreso

El adelanto de elecciones generales provocó que muchas leyes del Congreso se cayeran. Una de ellas fue la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que buscaba «blindar» la sanidad pública, la llamada ‘ley Darias’. La norma aprobada en el Consejo de Ministros contaba con las reticencias de Unidas Podemos porque, según defienden, consideran que deja la puerta abierta a que sigan aumentando los conciertos. "Confiamos no sólo en que se quede paralizada ahora por el momento político, sino que se desista definitivamente de poner trabas a la colaboración público-privada", aseguraban a El Periódico de España desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) a principios de junio.

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