La antigua propietaria de un bar de sa Llonja que acumuló numerosas sanciones de la Policía Local de Palma reconoció este viernes en el juicio del caso Cursach que su local no tuvo ninguna licencia durante 26 años. La testigo, que regentó durante décadas el local Bruixeries, sostuvo que la Patrulla Verde actuaba por la influencia de Cursach, al que acusó de haber «arruinado a muchos bares». Aunque aseguró al principio que no sabía por qué los agentes actuaban tanto en su negocio, que «siempre» había cumplido con la normativa y podía abrir hasta altas horas de la madrugada, acabó admitiendo que el suyo estuvo abierto de forma «clandestina» entre 1983 y 2009 y que nunca llegó a tener licencia para poner música.
Los abogados defensores de los policías acusados mostraron una batería de documentos a la testigo, como vienen haciendo con los dueños de los negocios supuestamente hostigados, para poner de manifiesto que las intervenciones de los agentes estaban justificadas por la falta de permisos y las denuncias vecinales. La mujer acabó admitiendo que nunca se preocupó por saber qué tipo de permiso tenía exactamente su negocio.
La testigo salió del juicio con una multa bajo el brazo. Cuando se marchaba de la sala tras declarar lanzó un gesto despectivo a Cursach, haciendo los cuernos con la mano mientras le miraba. El tribunal la hizo entrar de nuevo para reprenderla. «Es una persona que me ha hecho mucho daño y no lo puedo ni ver», alegó la mujer. «Que les den por el culo a todos», dijo cuando volvió a salir de la sala. La magistrada Samantha Romero, que fue informada de este nuevo incidente minutos después, anunció que le imponía una sanción de 500 euros por esa «falta de respeto al tribunal y a las partes». Y anunció que si se repiten episodios similares durante la vista oral incrementará la cuantía de esta multas.
Otro testigo que regentó un establecimiento en la zona de Santa Catalina dijo haber recibido «muchas inspecciones» de la Patrulla Verde y admitió también que «es posible» que incumpliera la legislación. «La interpretación de la normativa es un poco confusa», consideró.
Subirán y los testigos
Los abogados defensores están centrando también parte de su estrategia en demostrar la supuesta influencia del ex fiscal Miguel Ángel Subirán en los testigos del caso. El tribunal ha aceptado ya como prueba tres conversaciones telefónicas entre estos testimonios y Subirán, que les llamó entre 2020 y 2021 para preguntarles si declararon coaccionados y aportó las charlas en la causa abierta contra él en el TSJB. Los tres testigos aludidos han negado en el juicio estas llamadas y las defensas les acusan de haber mentido. La sala considera que debe tener en cuenta estas conversaciones para «valorar la credibilidad» de los testigos, según anunció la presidenta, Samantha Romero.
En otro frente, los abogados defensores cuestionan las identificaciones que en su día hicieron los testigos de los policías acusados. El letrado Gaspar Oliver, que representa a dos de los procesados, evidenció que en las imágenes que se mostraron en instrucción sus clientes eran los únicos miembros de la Patrulla Verde que figuraban.
Además, el tribunal considera que algunas de estas identificaciones se han convertido en una «prueba diabólica», ya que en el juicio los testigos no han reconocido a los acusados pero tampoco han desmentido sus reconocimientos en instrucción.
Primer testigo protegido
En la sesión del viernes declaró por un primera vez una persona con la condición de testigo protegido. Lo hizo desde otra sala y con la voz distorsionada para no ser reconocido, pese a las protestas de las defensas.
El hombre se desdijo de su declaración en la fase de instrucción en 2016, en la que según consta en la causa aseguró haber trabajado para Cursach e hizo un extenso relato de diversas prácticas ilegales de policías y tratos de favor al empresario. «Nunca he trabajado en locales de Cursach. Se comentaba que la Policía le avisaba de las inspecciones, pero no lo puedo acreditar», dijo en cambio en el juicio.
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
