Las exigencias a los Ayuntamientos que la conselleria de Transición Energética ha introducido en el borrador para modificar la ley balear de cambio climático son claramente excesivas, según reconoce el teniente de alcalde de Movilidad del Consistorio , Francesc Dalmau, aunque se muestra convencido de que finalmente se rebajarán hasta niveles más «realistas» durante la negociación que el citado departamento autonómico va a mantener con el resto de Administraciones y sectores empresariales.
El citado documento, que la Conselleria que lidera Juan Pedro Yllanes ha comenzado a repartir para que se puedan presentar las alegaciones que se consideren oportunas, contempla que los municipios de más de 20.000 habitantes deberán de implantar las infraestructuras de recarga de vehículos en la vía pública en proporción a su número de plazas de estacionamiento. De este modo, se determina que el 1 de enero de 2025 deberán de contar con un punto de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento en la vía pública, mientras que en 2027 esa proporción deberá ser ya de un punto por cada 20 plazas, y en 2030 de uno por cada diez.
Dalmau no oculta que se trata de una medida que no resulta realista, al considerar que «no se puede convertir a las ciudades en electrolineras gigantes», pero se muestra convencido de que esa pretensión se moderará durante los contactos que la Conselleria va a ir manteniendo con diferentes sectores para consensuar un documento definitivo.
Buscar el consenso
Fuentes del citado departamento autonómico han confirmado este último extremo, alegando que se ha hecho llegar el citado borrador para modificar la ley de cambio climático a todos los sectores empresariales sindicatos y entidades ecologistas, entre otros, para buscar un consenso en torno a esta materia, aunque no se oculta que el objetivo que se busca es «descarbonizar las islas de forma rápida».
Además, se señala la voluntad de adaptar el marco regulatorio balear a la normativa europea, alegando que ésta está avanzando a notable velocidad en torno a este tema.
Desde algunas de las asociaciones sectoriales de la patronal CAEB ya se han expresado desacuerdos evidentes con las exigencias señaladas en el citado borrador, tal y como adelantó ayer Diario de Mallorca, y se ha anunciado la presentación de alegaciones.
El vicepresidente de PIMEM, Rafael Matas, ha indicado que esta organización todavía no había recibido ayer ese documento, pero ha advertido que las exigencias que se marquen para las empresas bajo ningún concepto deben de suponer pérdidas para las mismas, por lo que deben de ir acompañadas de las correspondientes subvenciones.
