La asociación de estaciones de servicio de las islas rechaza que pueda ser obligatoria la implantación de al menos un punto de carga eléctrica en las gasolineras de Balears, tal y como consta en el borrador para modificar la ley de cambio climático, según destaca su presidente, Joan Mayans, y señala que se está negociando con el director general de Energía, Pep Malagrava, que esta posibilidad se limite a algo menos de la mitad de estas instalaciones.
Mayans apunta que la semana pasada se mantuvo una reunión con el citado representante del Govern, y que éste mostró una predisposición a buscar el acuerdo para evitar imposiciones.
El borrador elaborado por el departamento de Energía señala que «antes del 1 de enero de 2025 todas las estaciones de servicio deberán de contar con al menos un punto de carga de vehículo eléctrica con una potencia mayor o igual a 50 kilovatios», es decir, de carga rápida.
Desde esta asociación se indica que actualmente ya hay unas 80 gasolineras en el archipiélago que disponen de uno de esos puntos o que van a instalarlo, de las más de 200 existentes, y que sumado a las más grandes que deben de contar con él se garantiza una cifra suficiente para que cualquier vehículo eléctrico pueda contar con uno de estos equipos en las proximidades para hacer frente a una emergencia.
Mayans recuerda que cada uno de estos puntos de carga implica una inversión de 20.000 a 30.000 euros a lo que se suma la necesidad de elevar la energía contratada con la compañía eléctrica, lo que hace muy difícil poder rentabilizarlo. Por ello, se pide al Govern que suprima la citada obligatoriedad.
Vivienda más cara
Otro de los artículos del citado borrador afirma que «todas las nuevas edificaciones que se construyan en Balears deberán de cubrir toda su demanda energética mediante autoconsumo renovable», y para comenzar a aplicar esta exigencia se fija la fecha del 1 de enero del próximo año en el caso de los edificios no residenciales y del 1 de enero de 2025 cuando se trate de viviendas.
El vicepresidente de la asociación de promotores inmobiliarios, Bartolomé Mayol, afirma que este documento todavía no ha llegado a manos de esta patronal, pero que a la espera de poder abordar este tema con los representantes del Govern, advierte ya de que estas exigencias van a disparar el precio de las nuevas residencias, agravando todavía más los problemas que los habitantes de las islas tienen para acceder a ellas.
El elevado número de actividades empresariales afectadas por los cambios previstos en la ley balear de cambio climático explica que el pasado lunes se celebrara una reunión de diferentes organizaciones sectoriales en la sede de la patronal CAEB, como la hotelera, la del sector náutico, la de estaciones de servicio o la de polígonos industriales, entre otras, con el fin de analizar el documento y elaborar las correspondientes alegaciones, que serán tramitadas por la citada confederación, según indica Joan Mayans.
Hay que tener en cuenta que el borrador contempla también medidas que afectan a los establecimientos turísticos de mas de 500 camas, como la necesidad de contar con planes de movilidad sostenible para su personal y su clientes, con la inclusión de medidas para promocionar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público.
Estos cambios contemplan también avanzar las fechas que se habían fijado para alcanzar los objetivos de la ley de 2019. Así la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero deberá ser del 55% en 2030, del 85% en 2040 y del 95% en 2050 respecto a los niveles de 1990; el ahorro energético respecto a 2005 deberá ser del 35% en 2030, del 45% en 2040 y del 50% en 2050; y el uso de energías renovables deberá suponer el 40% del total en 2030, el 80% en 2040 y el 100% en 2050.
