El PP acorraló ayer a la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, en el Parlament y la acusó de intentar hacerse un «autorregalo al introducir en un decreto medidas para beneficiar su plaza de funcionaria. La diputada del PP Núria Riera afirmó que la equiparación de auditores a los interventores «beneficia tanto a la consellera Sánchez como a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ya que ambas son auditoras y ahora mediante este decreto ascenderán de categoría». Sánchez, acusó al PP de aprovechar «un hecho que no se ha producido», en relación a la integración de los auditores de la CAIB en el cuerpo de auditores e interventores, para «difamarla».
Sánchez compareció ayer en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, a petición del PP. La consellera negó, además, que la supuesta integración, si se hubiera producido, hubiera supuesto para ella en el futuro, ya que ostenta una plaza, un ‘ascenso’ o mejora de sus condiciones. Según el PP, esta integración hubiera supuesto para Sánchez, tras su paso por la política y regreso a su plaza de auditora en la Sindicatura, una mejora de sus condiciones laborales y salariales.
La consellera aseguró que su comparecencia era para «defenderse se acusaciones absolutamente falsas sobre su honorabilidad». «Comparezco por un hecho que no se ha producido», añadió Sánchez en relación a la integración del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas del nuevo cuerpo de auditores.
Además, «también es mentira», prosiguió, que si este hecho hubiera llegado a producirse hubiera supuesto una mejora de sus condiciones laborales. La consellera acusó a la diputada del PP Núria Riera de hacer un «uso inadecuado» de su función de diputada para «atentar contra su persona».
Rosario Sánchez explicó que intervino en el decreto ley de reducción de la temporalidad -donde estaba incluida la creación del cuerpo de auditores e interventores- en relación a asuntos de su competencia como el ITS y la revisión de precios de los contratos públicos. «Por eso mi firma aparece en el decreto», matizó. La consellera recordó que en uno de los borradores del decreto ley se incluyó la creación de este cuerpo de interventores y auditores pero se retiró finalmente a petición de la Sindicatura de Cuentas.
A preguntas del PP, también aseguró que la propuesta de integración partió del equipo redactor del decreto, con personal de Función Pública y sin participación de Hacienda.
Sin embargo, la diputada popular Núria Riera le espetó que un Consell de Govern del 13 de junio sí aprobó el decreto que contenía, en palabras de Riera, el «autorregalo» de la integración del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas en la CAIB. Según la popular el decreto que suponía la promoción «estaba firmado por la propia consellera, lo que suponía incurrir en una incompatibilidad». Para Riera, se trata de un error «grave» de Sánchez.
Sánchez se justifica
Sánchez se justificó apuntando que el texto que debatió y aprobó el Govern ya no incluía esta disposición y que el decreto se convalidó en el Parlament con la abstención del PP que, según la consellera, «sin mención a la corrección de errores». «El PP no ha dejado pasar la oportunidad de hacer de la mentira arma política», afirmó. Gran parte de la comparecencia de ayer estuvo protagonizada por el intercambio de preguntas y respuestas entre la consellera y la diputada del PP Núria Riera.
En todo momento, Sánchez negó cualquier responsabilidad o de su Conselleria en la propuesta de integración o en la llegada del documento al Consell de Govern, que sí que llegó a aprobar un acuerdo con la propuesta de integración, que después fue corregido y aprobado nuevamente.
La diputada de Unidas Podemos Esperança Sans, lamentó el «tercer grado» al que Riera sometió a la consellera. «Aunque utilizaran el polígrafo y se demostrara que dice la verdad, al PP no le convencería», indicó.
El diputado de C’s Juanma Gómez afirmó que por las explicaciones e intervenciones de la consellera «no se ve ningún tipo de falta de procedimiento que lleve a pensar en tráfico de influencias, trato de favor o prevaricación». En todo caso, el diputado de la formación liberal lamentó la falta de conocimiento de la consellera en relación al procedimiento y la cronología, de donde si se pueden traducir dudas.
El diputado Josep Ferrà (Més) afirmó que ha quedado constatado que no es cierto que el decreto incluyera la integración del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas, que hubo un error y que este error se corrigió antes de convalidarse el texto.
La diputada de Vox Idoia Ribas lamentó que, a pesar de las explicaciones, no se haya probado de dónde y de quién salió el error. Por otra parte, Ribas ha aprovechado para criticar la práctica del Ejecutivo autonómico de legislar «a golpe de decretazo y colar disposiciones pendientes».
En términos similares, la diputada de El PI Maria Antònia Sureda también se refirió a las dudas existentes en relación a cómo llegó a publicarse en el BOIB un error que le ha generado a la consellera «un flaco favor».
Por último, la diputada del PSIB-PSOE Maria Antònia Truyols criticó la utilización «torticera» de la cuestión por parte del PP, cuyo objetivo, a su juicio, fue «hacer ruido».
