El Consell de Govern aprobó ayer la creación del polémico cuerpo de auditores e interventores de la Comunidad Autónoma y al mismo tiempo suprime la escala de interventores entre los funcionarios del cuerpo superior de la CAIB. Los interventores estaban en contra de que se equiparase los auditores a los funcionarios de la intervención, al ser una escala inferior.
La polémica se originó al incluir que los auditores de la Sindicatura de Comptes entraban en este cuerpo y se igualaría su categoría a interventores. El motivo no era otro que tanto la presidenta del Consell, Catalina Cladera, como la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, son funcionarias de la Sindicatura de Comptes con categoría de auditoras. Al equiparar a auditores de la Sindicatura con los interventores, tanto Cladera como Sánchez eran de las principales beneficiadas de la operación que el Govern incluyó en el decreto para la estabilización de los funcionarios interinos.
Tras avanzar este periódico la polémica y que tanto Cladera como Sánchez verían aumentada su categoría de funcionarias, el Govern tuvo que rectificar y suprimió del texto que los auditores de la Sindicatura pasasen al cuerpo de interventores y auditores.
El PP, a través de la diputada Núria Riera, pidió de forma urgente la comparecencia de la consellera de Función Pública, Mercedes Garrido, en el Parlament para esclarecer la polémica. Riera explicó ayer a este periódico que «es cierto que han corregido el tema de los auditores de la Sindicatura, de donde son funcionarias Cladera y Sánchez, pero al final lo que hacen es equiparar a auditores con interventores creando un cuerpo único».
Riera añadió que «nosotros creemos que Garrido mintió y que no fue un error lo de incluir a los auditores de la Sindicatura, con la finalidad de beneficiar con un ascenso a sus compañeras de partido y por ello esperamos con impaciencia su comparecencia». La popular aseveró también que estarán vigilantes, ya que en cualquier momento pueden incluir en un decreto que los auditores de la Sindicatura de Comptes entren en este nuevo cuerpo.
Si ello se produce, tanto Cladera como Sánchez ascenderían de categoría funcionarial y podrían optar a muchas más plazas de intervención en la administración. Precisamente, es lo que han denunciado desde el cuerpo de interventores al oponerse a la equiparación promovida por la consellería de Función Pública.
Mercedes Garrido
La consellera Mercedes Garrido insistió en su momento en que la creación de un cuerpo de interventores y auditores de la Comunidad Autónoma «no supone un ascenso ni más sueldo para nadie que se integre en este cuerpo», en alusión a posibles beneficios para Cladera y Rosario Sánchez. «El cuerpo se crea para una serie de funcionarios, cada uno con sus funciones y sus salarios. Crear un cuerpo no significa unificar las tareas que se desarrollan en este cuerpo», apostilló.