El GOB ha considerado necesario un "blindaje" del agua, de los suelos fértiles y de los recursos genéticos de las Islas "de manera urgente", en el marco de una política estratégica enfocada a la resiliencia.

"El verano nos ha demostrado que la salida de la crisis económica de la COVID se ha enfocado políticamente en una intensificación preocupante de la actividad turística, acompañada de un crecimiento del sector de la construcción, la sobresaturación de las infraestructuras, la falta de control sobre los excesos en el litoral o las evidencias de la problemática de la disponibilidad de recursos hídricos", ha lamentado el grupo este miércoles en un comunicado.

Todo esto, han continuado, en un verano de "calor intenso", que "pone en evidencia la inminente crisis climática" y un aumento de los precios de la energía, los combustibles y los alimentos.

En este contexto, el GOB ha participado en el proyecto 'Climed. Resiliencia frente a la emergencia climática en la eurorregión Pirineos-Mediterráneo', con el objetivo de promover una salida de la crisis hacia la sostenibilidad y la resiliencia, así como enfocar las propuestas hacia los sectores de las energías renovables y la agroecología.

Así, han considerado que se debe crear una bolsa de espacios para las comunidades energéticas, que los ayuntamientos refuercen su implicación como gestores energéticos, reforzar también el papel de la sociedad y consistorios en la descentralización de la producción energética o una planificación integrada energética, territorial y agraria de la implantación de campos de generación de energía fotovoltaica.

Además, han contemplado la elaboración y publicación de un mapa de cubiertas para desarrollar instalaciones de energías renovables o incentivar la innovación local en la gestión energética, potenciar la investigación en sistemas integrados en el entorno o invertir en sistemas inteligentes de usos energéticos.

Por otro lado, en lo referente a la agroecología, el GOB ha apuntado a la necesidad de desarrollar un plan específico para su impulso a nivel autonómico, que incluya aspectos de gestión territorial, recuperación de suelos fértiles, planificación estratégica de recursos y una flexibilización normativa sanitaria, entre otras cuestiones.

"Es importante un cambio de paradigma que impulse la protección normativa del agua, suelos y recursos en una política estratégica de soberanía y seguridad alimentaria", ha sentenciado el grupo, asegurando que el sector agrario "necesita un impulso para cambiar de rumbo frente a los escenarios futuros".