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Violencia de género

Condenado por agredir a su pareja y amenazar al hijo de ella con un cuchillo

El maltratador colocó el arma blanca en el cuello del niño

La víctima sufre un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés

El maltratador, durante el juicio celebrado en los juzgados de Vía Alemania, en Palma. | DM

Un juzgado de Palma ha condenado a un hombre a diez meses de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito familiar por agredir a su pareja y colocar un cuchillo en el cuello al hijo de ella, un niño de edad escolar, en el domicilio que compartían en Ciutat en el verano de 2023.

La magistrada también ha impuesto al encausado la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y medio, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima por un periodo de cuatro años. De hecho, la sentencia, que aún no es firme, mantiene la vigencia de la orden de protección dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer de Palma en favor de la perjudicada.

En concepto de responsabilidad civil, el maltratador deberá indemnizar a su anterior pareja con 600 euros por las lesiones que le causó. La mujer sufre un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés, que en la actualidad está en fase de remisión.

La jueza ha absuelto al sospechoso, que se enfrentaba a una petición inicial de condena de siete años de cárcel, de los delitos de maltrato habitual, coacciones graves y amenazas al considerar que no han quedado acreditados, como sostenía el abogado defensor Jaime Juan Valladolid.

La sentencia detalla que, más allá de vagas y genéricas referencias de la víctima a frecuentes discusiones en las que el encausado la insultaba y amenazaba con quitarle al hijo que tenían en común, la controlaba e incluso la agredía, sin que ella hubiera ido nunca al médico ni hubiera denunciado los hechos, excepto en una ocasión que no acreditó documentalmente, «no ha quedado suficientemente acreditado que el ejercicio de violencia física y/o psíquica por parte del acusado sobre la víctima haya sido de carácter habitual, así como tampoco las coacciones y amenazas denunciadas».

Faltan más datos concretos

Además, la magistrada echa en falta algo más de concreción en la descripción de los hechos tanto por parte de la perjudicada, así como otras pruebas que, aunque fuera indiciariamente, pudieran avalar sus manifestaciones. Por ejemplo, la jueza lamenta que no se aportara la denuncia ni número de diligencias incoadas con motivo de la agresión que la joven dijo haber sufrido en un hotel al poco tiempo de haber llegado a Mallorca desde su país de origen, El Salvador.

Una vez en la isla, la familia vivió en varios centros de acogida y, sin embargo, nadie vio ni la mujer les contó nada pese a lo dilatado del periodo en el que enmarca dichos malos tratos: casi cinco años. Los testigos de la defensa tampoco apreciaron nada extraño cuando convivieron con ambos y los niños, solo discusiones de pareja.

Según se declara probado en la sentencia, el hombre, que estuvo preso por esta causa durante más de medio año, mantuvo frecuentes discusiones con su pareja en el periodo comprendido entre 2019 y agosto de 2023 en el domicilio que compartían con el hijo de ella y con otro hijo de ambos, en Palma.

En el transcurso de una de estas disputas, ocurrida durante la madrugada del pasado 16 de agosto de 2023 en presencia de los dos menores en la vivienda donde residían, el acusado, en estado de embriaguez, empujó a la mujer y la golpeó en la cara. Acto seguido, cogió un cuchillo de la cocina y se lo puso en el cuello al hijo de la perjudicada, un niño, en actitud amenazante.

Ese mismo día, un juzgado de Palma ordenó que el sospechoso fuera encarcelado y dictó una orden de protección en favor de la mujer, en la que se prohibía al agresor que se aproximara y comunicara con ella.

La magistrada valora la declaración de la víctima, quien relató en el juicio que los dos primeros años de relación fueron buenos, pero luego él la controlaba, le elegía la ropa, no la dejaba que se maquillara, siempre la acompañaba al ginecólogo, le prohibía ir con sus amigas, no le daba dinero ni la dejaba trabajar, la llamaba puta, perra o zorra, y la hacía caminar a cuatro patas o comer comida de perro, entre otros hechos. Según la joven, no lo denunció por miedo y por las amenazas en las que él le advertía que ella y su hijo serían deportados al Salvador. Finalmente, el 16 de agosto, al ver que su hijo estaba en peligro al ponerle un cuchillo en el cuello, ella pidió al teléfono que llamara a la Policía.

El sospechoso iba ebrio

Su testimonio viene corroborado por los policías nacionales que esa madrugada acudieron al domicilio. Los agentes indicaron que él iba muy bebido, los niños lloraban y ella estaba muy nerviosa y presentaba una rojez en la cara. Los policías localizaron el arma blanca encima de un mueble.

Además, una técnica de infancia y familia ratificó la versión de la mujer, igual que el informe del centro de salud al que acudió la afectada, por lo que existe prueba de cargo suficiente contra el agresor, que se limitó a negar todos los hechos sin poder dar explicación alguna. La sentencia rechaza que se le pueda aplicar la atenuante de embriaguez, ya que precisamente esa circunstancia de ebriedad es la que potenciaba la agresividad del acusado y él lo sabía.

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