Las residencias privadas aumentarán los salarios por la fuga de trabajadores

Ambos departamentos del Govern se han reunido con representantes sindicales de UGT y CCOO, así como con la patronal del sector (Aeste), para tratar la situación de los trabajadores sociosanitarios de los centros para personas mayores. Durante el encuentro se ha llegado a un acuerdo para iniciar la tramitación del próximo convenio.

En la rueda de prensa posterior, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, ha explicado que el acuerdo busca la "homogeneización de las condiciones en los distintos sectores de Balears para que la parte salarial sea atractiva para todos". De esta forma se evitan fugas de personal hacia otros sectores con una remuneración más atractiva, aclaró.

En este sentido, recordó las "dificultades" por las que atraviesa el sector y resaltó que todas las partes son conscientes de los problemas que sufren las residencias. También ha subrayado la "necesidad" de dar pasos para empezar a tramitar un convenio colectivo de ámbito autonómico, un acuerdo "importante" para los cerca de 2.000 trabajadores de residencias privadas de Balears.

Por su parte, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha indicado que iniciar el convenio es un "paso fundamental" para mejorar la calidad asistencial en las residencias privadas. Ha destacado la importancia de fidelizar las plantillas con salarios y condiciones "dignas". Por otro lado, al ser preguntada por la fuga de trabajadores de los centros, no ha especificado la cantidad de bajas profesionales pero sí ha admitido que Ibiza se ha visto "muy afectada".

Santiago ha recordado que el sector de las residencias, "como muchos otros", tiene que «competir» con una industria hostelera "muy potente" respecto a la fidelización, una afirmación que ha respaldado Negueruela.

Por último, la consellera ha apuntado que el debate no debe centrarse tanto en tema de ratios, ya que Balears es la comunidad con las ratios de sociosanitarios más altas del país, con 33 por cada 100 usuarios en los centros privados. Por eso, ha resaltado que el foco ha de ponerse en "fidelizar al personal" con mejores condiciones y mejores salarios.

Los sindicatos, por su parte, han cifrado el número de trabajadores en 2.300 y detallaron que están cobrando, de media, poco más de 1.000 euros, cuando en los centros públicos los sueldos rondan los 1.400 euros. Asimismo quieren llegar a un suelo salarial, "un mínimo que dignifique a estos trabajadores" y tienen como objetivo llegar a 2023 con un nuevo convenio colectivo, por lo que han apelado a todas las organizaciones patronales para que se haga realidad. Con todo, los representantes del Govern evitaron hablar de plazos o calendarios más allá de la necesidad de que el convenio esté listo "cuanto antes".

Del mismo modo, desde UGT han recordado que la semana pasada ya denunciaron la "situación insostenible" que estaban sufriendo las residencias: "De un total de 2300 trabajadoras se han ido cerca de un 30% y nuestros mayores no están bien atendidos". Además, dieron ejemplos para demostrar esta problemática, como el caso de la residencia DomusVi de Palma, donde "faltaban seis trabajadoras" o en la residencia de Pollença, en la que «solo había dos empleados» para todos los usuarios. 

Por otro lado, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), Jesús Cubero, ha señalado que la conselleria de Asuntos Sociales "tiene que mover ficha" incrementando las tarifas de plazas y ayudando al sector empresarial para que ese aumento de sueldo se haga cuanto antes. En referencia a estas reclamaciones de la patronal, Santiago ha trasladado el compromiso del Ejecutivo autonómico de aumentar las tarifas de la concertación, aunque sabe que supondrá un "compromiso" por parte de la Administración pública.

A la reunión, en la conselleria de Trabajo, también asistieron la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Virginia Abraham, y el director general de Dependencia, Gregorio Molina.