Baleares vuelve a ser líder en un tema que lleva meses sobre la mesa por sus repercusiones directas en la ciudadanía de las Islas: la compraventa de viviendas por parte de extranjeros. En 2021 adquirieron un total de 7.263 viviendas. Si tenemos en cuenta que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se realizaron 14.146 operaciones de compraventa ese año, esto significa que los extranjeros compraron el 51,3% del total de viviendas. Las Islas registraron, además, un aumento del 81,5 por ciento en el segundo semestre del año pasado respecto al mismo periodo de 2020.
Los números que recoge el último informe del Consejo General del Notariado son claros y apuntan a una tendencia que no parece tener fin a corto plazo. La clave de este aumento desorbitado tanto de demanda como de precios está en el creciente número de operaciones de compraventa que se están registrando. En el segundo semestre de 2021 se contabilizó la cifra más alta de ventas: 4.441. El Consejo Notarial ofrece una comparativa desde 2007, el año anterior a la gran crisis mundial. En toda aquella temporada se registraron 2.776 operaciones, 1.665 menos que en un solo semestre de 2021.
Pero esto es aún más problemático si se comparan los últimos datos con el 2017, el año con mayor número de compraventas de viviendas. En aquel momento se contabilizaron 7.181 operaciones. Asimismo, Baleares nunca había tenido el precio del metro cuadrado tan alto. En 2021 el precio medio del metro cuadrado era de 3.777 euros, 320 más que el segundo semestre de 2020.
Líderes estatales
Para ver la magnitud de la cifra basta con mostrar los porcentajes de las siguientes comunidades en el ranking: Canarias (57,1%), Andalucía ( 55 %) , Cantabria ( 50,5%) y Comunidad Valenciana (44,9%). Por debajo de la media nacional (41,9%) se encuentran Cataluña, Asturias, Navarra, Murcia, Madrid, Castilla - La Mancha, Aragón, País Vasco, La Rioja y Extremadura. Finalmente por debajo del 10% crecieron Castilla y León y Galicia.
Además, los alemanes siguen siendo los principales compradores de viviendas en Baleares. Concretamente, representan el 59% de los extranjeros no residentes y el 27% de los residentes que compran una vivienda en el archipiélago. Bastante por detrás se encuentran los británicos, con el 11% de los no residentes y el 12% en los que sí residen en Baleares.
La compraventa de vivienda libre por extranjeros aumentó un 41,9 % en el Estado en el segundo semestre de 2021 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento condicionado por las caídas registradas en la recta final del 2020, cuando se dejaron sentir en el mercado los efectos de la pandemia.
En los últimos seis meses del año pasado se rompió con la tendencia del semestre anterior, y las operaciones efectuadas por extranjeros representaron un 18,6 % del total de compraventas a nivel nacional, en linea con el promedio de 2012-2019 (18,7 %).
En total, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros alcanzó las 63.934 operaciones, tras el notable descenso de la primera y segunda mitad del 2020, cuando cayeron un 37,3 % y un 10,8 %, respectivamente.
La limitación llegó al Parlament
El pasado mes de marzo el Parlament aprobó una moción de Més per Menorca, con transacción de Més per Mallorca, en la que se obligaba al Govern a constituir un grupo de trabajo junto al Gobierno estatal para realizar un informe sobre la viabilidad de limitar las compras de segundas residencias por parte de extranjeros.
El objetivo es recabar información sobre las normas que impiden limitar la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros. Además, se plantearán alternativas para modificarlas, a la par que analizar qué casos existen en el ámbito europeo e internacional que puedan servir de referencia para Baleares. El informe deberá estar listo en un año.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, explicó hace unos meses que «en Baleares tenemos las competencias que tenemos. El mercado es libre y es muy complicado tomar decisiones desde las autonomías».
Además, el Parlament exigió al Ejecutivo balear que ponga todos los recursos necesarios para crear, en el plazo de seis meses, un índice de referencia de precios de vivienda que sirva como brújula para tener información sobre los precios del alquiler.
