El informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de Balears sobre la gestión económica de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción del año 2020, ha detectado numerosas irregularidades en la gestión de los recursos humanos y deficiencias en los contratos de servicios. Por lo que hace referencia al personal, la Sindicatura considera que Anticorrupción ha pagado el plus de carrera profesional, entre otros, mediante un procedimiento irregular que «sería nulo y los funcionarios deberían devolver».
La Sindicatura considera que no se constituyó de forma ecuánime la mesa de negociación para pactar los pluses como el de la carrera profesional o las ayudas sociales a los trabajadores, ya que faltaba la representación sindical que exige el Estatuto Básico del Empleado Público (EBP). Incluso les advierte que sin esta representación podrían incurrir en un acto de «inconstitucionalidad»
El informe del alto órgano de fiscalización económica, al que ha tenido acceso ese periódico, es contundente al afirmar: «Existen indicios de nulidad en el reconocimiento de la carrera a los funcionarios incorporados en 2020 porque se ha prescindido del procedimiento que establece el acuerdo sobre el modelo de carrera profesional de personal funcionario y laboral al servicio de la CAIB, que la Oficina asume como propia y se reconocen derechos sin cumplir los requisitos esenciales. En estos casos, dichos funcionarios deberían devolver las cantidades percibidas en concepto de carrera profesional».
De igual modo, la Sindicatura asegura que no se ha convocado la comisión de valoración que garantice los «principios de igualdad, idoneidad, mérito y capacidad» para la contratación de personal de libre designación. En otro apartado también califica de irregularidad que se haya otorgado el nivel III de carrera profesional a varios funcionarios de la Oficina Anticorrupción sin la publicación preceptiva de las listas de admitidos y excluidos.
Ayudas sociales a funcionarios
La sindicatura también recrimina el procedimiento en las ayudas sociales a los funcionarios. Explica que la casi totalidad de los pagos de acción social durante el año 2020 se realizaron en concepto de ayudas por hijos entre 0 y 18 años y en aplicación de la Resolución de 24 de julio de 2019. Respecto a dicha resolución, el Informe del pasado año de la Sindicatura ya puso de manifiesto diversas irregularidades, en particular, «la ausencia de negociación, que constituía un indicio de nulidad, sin que conste que se hayan aplicado las recomendaciones de la Sindicatura», argumentan.
Los contratos
Respecto a los contratos de servicios, que Anticorrupción realizó durante 2020 por un valor de 69.000 euros, la Sindicatura detecta deficiencias en tres de ellos. En el de los formularios para las declaraciones de bienes de los altos cargos, el de limpieza de las oficina y en el del servicio de telefonía e internet. Entre otras deficiencias, la Sindicatura considera que falta la «motivación expresa de la contratación». En otros apunta a incongruencias en las valoraciones y en otros detecta anomalías en los años de contratos y los precios. Asimismo, la Sindicatura recrimina que Anticorrupción no «justifica expresamente, en ningún documento, la valoración otorgada a las ofertas presentadas, ni la comprobación de la existencia de bajas desproporcionadas».
Anticorrupción alega que la sindicatura parte de "premisas equivocadas"
La Oficina Anticorrupción presentó toda una serie de alegaciones al informe de la Sindicatura de Comptes que detecta irregularidades en su gestión. Dichas alegaciones están firmadas el 9 de marzo por la directora en funciones, María Belén Méndez, que sustituyó a Jaume Far al frente del organismo. Argumentan que actúan dentro de la legalidad y que la Sindicatura parte de «premisas erróneas» al aplicar a la Oficina Anticorrupción y a su personal algunas normativas de las que están exentos.
La mayoría de las alegaciones fueron rechazadas por la Sindicatura y las que fueron aceptadas ya no se contemplaron como deficiencias o irregularidades. Anticorrupción alega un auto del Tribunal de Cuentas sobre el informa de la Sindicatura del pasado año, que también detectó anomalías, y que fue archivado. No obstante, dicho auto no entró en el fondo de la cuestión.
Respecto a la representación sindical, Anticorrupción explica que fueron convocados los sindicatos UGT y CCOO para formar parte de la mesa de negociación de los funcionarios del organismo, pero ningún representante sindical se presentó a la cita. Por ello se constituyó la mesa de negociación solo con el delegado de personal y la Sindicatura no lo considera válido.
