El Parlament balear aprueba la primera Ley de Educación de Balears, que establece muchas novedades en ratios, financiación, infraestructuras educativas, formación profesional, autonomía de los centros y educación de 0 a 3 años. Y finalmente descarta que el castellano se convierta en lengua vehicular de la educación. Estas son sus principales claves.

1- Un camino iniciado hace cinco años

La primera Ley de Educación de Baleares llega después de un largo camino iniciado el 5 de marzo de 2016 cuando el Govern asumió como propio el documento elaborado por Illes per un Pacte.

2- Fruto del debate público

A partir de este momento se inició todo un proceso de debate público, además de pasar por el Consejo Escolar de las Islas Baleares, la Mesa Sectorial de Educación, la Comisión de Educación del Parlament o el Consejo Económico y Social.

3- Con la aportación de 42 entidades y la incorporación de 203 enmiendas

Durante la exposición pública del anteproyecto de la Ley se incorporaron propuestas de 42 entidades, y durante la tramitación parlamentaria se han presentado 456 enmiendas, de las cuales se han aceptado 203.

4- Autonomía de los centros

Uno de los aspectos nucleares de la LEIB es la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros, otorgando un papel importante al proyecto educativo y a la evaluación de los logros de los objetivos. La Ley apuesta por una dirección educativa cada vez más profesionalizada.

5- Fomenta la participación

Fomenta la participación: Mesa Sectorial de Educación, juntes de personal docente no universitario, Mesa de enseñanza privada concertada, Mesa de diálogo permanente con directores, Mesa de diálogo permanente con las familias, Mesa de docentes, Mesa de alumnado y Consejos escolares.

6- Hacia la educación de 0 a 3 años universal y gratuita

La Ley garantiza la extensión progresiva de la educación infantil 0-3 años con el objetivo de universalizarlo y de hacerla gratuita progresivamente.

La presidenta Armengol felicita a Martí March tras la aprobación de la primera Ley de Educación de Baleares

7- Amplía la oferta de FP y la adapta a las necesidades de Baleares

Impulsa y amplía la oferta pública de la formación profesional adaptada al tejido productivo de las Baleares y establece que la modalidad de FP dual se formaliza exclusivamente con un contrato laboral de formación y aprendizaje.

8 -Los alumnos por clase bajarán al menos un 10%

La Ley establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, la Administración educativa tiene que elaborar un plan que tenga como objetivo la reducción progresiva de las ratios máximas establecidas a la normativa básica en, al menos, un 10%.

9- Dedicar al menos un 5% del PIB de Baleares a la educación pública

La Ley viene acompañada de una memoria económica para garantizar el cumplimiento del que se prevé en su articulado, que recoge el compromiso de llegar en al menos el 5% del producto interior bruto de inversión en educación en el plazo de ocho años.

10- El catalán una lengua vehicular de la educación

Apuesta por un modelo lingüístico de éxito implantado hace 20 años y que ha garantizado el conocimiento de las dos lenguas desde el consenso, según la conselleria de Educación. Este modelo se recoge a la Ley y se basa en la Ley de Normalización Lingüística, el Decreto de Mínimos y la experiencia lograda en estos años. El castellano iba a convertirse en lengua vehicular, pero al final, por la presión de Més la unica lengua vehicular será el catalán. La lengua vehicular es la usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diferencias lenguas maternas entre sus miembros. Y es la lengua con la que se imparten las materias no lingüísticas

11- El plan para realizar y reformar nuevos centros se revisará cada dos años

La Ley obliga en el Gobierno a tener un Plan de Infraestructuras educativas revisable cada 2 años y tiene que contener memoria económica y previsión de financiación. Las construcciones educativas tienen que introducir criterios de sostenibilidad.

12- Descentralización para favorecer la realidad de cada isla

La Ley plantea la descentralización de parte de las competencias con una nueva estructura de direcciones territoriales dotándolas de más capacidad administrativa y favoreciendo una actuación más próxima a la realidad local de cada isla.