Mientras el hemiciclo debatía y votaba la primera Ley de Educación balear ayer, cerca de 40 personas estaban manifestándose en contra de la nueva legislación frente a las puertas del Parlament.

Desde profesores, alumnos, padres hasta activistas mostraron su desacuerdo con la normativa. Alrededor de las 15:00 horas, la concentración empezó con pitidos y cánticos de «a l’escola, en català», «amb la llengua no s’hi negocia», «Immersió, la solució» o «català, línia vermella». El jaleo se escuchaba desde la sala de plenos, donde los partidos políticos discutían la legislación ajenos a lo que ocurría en el exterior.

Algunos asistentes llevaban la camiseta verde a favor de la escuela pública, y otros venían preparados con silbatos y pancartas. En los carteles se podían leer proclamas como «indignats», «sí a l’escola en català» o «amb la LLEIB, participació real».

Entre los protestantes había representantes de entidades como la Plataforma per la Llengua, la Assemblea d’Estudiants de Filologia Catalana de la UIB, el SEPC, el sindicato de enseñanza Unió Obrera Balear o la Assemblea Sobiranista de Mallorca. 

Las organizaciones criticaron al Govern por no haber ido más allá en lo que respecta al catalán, y le instaron a no dar «ni un paso atrás» en la lucha por una educación pública de calidad. Además, aseguraron que estaban decididos a movilizarse si el Ejecutivo balear continúa en la misma línea, que a juicio de los manifestantes, se trata de políticas «insuficientes» para paliar la emergencia lingüística que vive el archipiélago: «Estaremos pendientes del despliegue normativo posterior», avisaron.

«Lo que pedimos es que no se utilice el catalán como una moneda de cambio, como se ha hecho hasta ahora», explicó el delegado de la Plataforma per la Llengua en Balears, Iván Solivelles, que lamentó que «hasta partidos políticos como Més per Mallorca, Més per Menorca, El Pi o el PSOE han cedido en un tema tan importante solo para tener el voto favorable del Partido Popular».

El responsable aseguró que aunque eliminar la vehicularidad del castellano haya sido «un cambio importante, todavía hay muchos aspectos de la Ley» que no convencen a la Plataforma per la Llengua.

Esta misma entidad recordó que la escuela es «uno de los pocos entornos que garantiza el aprendizaje del catalán de una parte de la sociedad balear», por lo que es importante conservarlo como un «elemento de cohesión social».

La crónica que marcó la jornada la protagonizaron varios miembros de la concentración. En un momento dado, la titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, salió del Parlament, y los manifestantes estallaron a gritos reclamando que los consellers utilicen el catalán en sus intervenciones públicas. De la Concha, lejos de intimidarse, se acercó a ellos y les explicó que pese a que comprende sus peticiones, ella se expresa mejor en castellano, y en catalán le faltan recursos para hacerlo al mismo nivel.

Lo cierto es que la concentración se convocó antes del cambio ‘in extremis’ del Govern en la Ley, es decir, cuando el castellano y el catalán tenían la misma condición de vehiculares en el texto legislativo. La modificación del Ejecutivo autonómico, que apostó por suprimir el español y dar autonomía a los centros para que elaboren su proyecto lingüístico, no frenó la convocatoria para protestar contra la normativa, pero sí provocó un significativo descenso de la participación.

El ambiente reivindicativo de la concentración contrastó con el júbilo del conseller de Educación, Martí March, que al salir del hemiciclo se mostró muy satisfecho: «Todavía estoy emocionado», comentó. No hizo ninguna valoración respecto a los manifestantes que hacía pocos minutos habían interrumpido con una algarabía la tranquilidad de la Cámara, aunque sí dio las gracias a la comunidad educativa, que es «plural y diversa», y aseguró que dialogará con todos los sectores para intentar que la Ley se desarrolle de la manera más consensuada posible.

Sindicatos, asociaciones y entidades de la comunidad educativa se han mostrado divididos estos últimos días en sus valoraciones acerca de la nueva regulación. Mientras que algunas organizaciones la rechazan por completo, otras la ven con buenos ojos y aguardan con ilusión a que se traslade a las aulas. Es el caso de la presidenta del Consell Escolar, Pepita Costa, que después de la sesión plenaria ayer, celebró que Balears tenga «por fin» un marco legislativo en educación. La responsable esperó que se desarrolle mediante decretos «en consonancia a la línea que se ha llevado hasta ahora», aunque admitió que le hubiera gustado que la normativa llegara antes y con más consenso.