La Ley de Educación que se aprueba hoy en el Parlament balear no ha logrado unir a los sindicatos. Las posturas varían; mientras que algunas ven con buenos ojos el marco legislativo, otras creen que está marcado por sus carencias. Sin embargo, casi todos coinciden en afirmar que la ley no ha sido consensuada, pese a que el conseller Martí March ha insistido en lo contrario.
Para los representantes de USO, la ley «pasa de puntillas» sobre los problemas de la educación concertada y divide el espectro educativo entre este sector y los centros públicos.
ANPE, por su parte, destacó los aspectos «esenciales» que no recoge la normativa, como la financiación, el reconocimiento de la insularidad o las mejoras sociolaborales para el profesorado, puntos que «potenciarían la calidad educativa».
Por otro lado, STEI Intersindical aseguró que la norma «no hace una apuesta por la educación gratuita, equitativa y de calidad», y tampoco responde a la demanda educativa 0-3, además de que la reducción de las ratios es «insuficiente».
La federación FAPA Mallorca lamentó que durante el proceso «solo se ha hablado de unos pocos puntos de la normativa» y no se han tratado de debatir más cuestiones. La organización mencionó la bajada de ratios, que «no será efectiva si no viene acompañada de un incremento de las infraestructuras». Alegaron que la Ley tiene «aspectos ambiciosos y positivos», pero si sale adelante sin consenso, «se volverá a modificar con el próximo cambio de gobierno».
La plataforma Plis. Educación, por favor, en referencia a la eliminación ‘in extremis’ del castellano como lengua vehicular, consideró que March «nunca tuvo la intención» de incorporar en la ley educativa esta lengua, sino que se trató de «una estrategia para conseguir la abstención de la oposición y pasar mejor el filtro de constitucionalidad».
En cambio, el sindicato Alternativa valoró positivamente el cambio de última hora, ya que «mantendrá lo aprobado en la Ley de Normalización Lingüística en 1986». Sin embargo, consideraron necesario «incrementar los recursos» que se destina a la enseñanza del catalán, ya que las escuelas son «el único garante» de la estandarización de la lengua y un impulso del Govern podría «darle la vuelta al deterioro progresivo que sufre» el idioma en las islas.
Del mismo modo, UOB Ensenyament reclamó una «educación 100% en catalán» para paliar la emergencia lingüística, y rechazaron «por completo» el modelo que prevé la Ley. Además, consideraron que este «despliegue normativo» supone «dar un cheque en blanco a la Administración», una situación «delicada» teniendo en cuenta que las elecciones se celebran en poco más de un año.
Por otro lado, desde UGT Ensenyament consideraron que la norma es «poco ambiciosa» respecto a cuestiones como la inversión del 5% del PIB o la reducción de ratios un 10%. Lamentaron también que no se hayan incluido otras propuestas, como la perfilación de plazas o los límites a la libertad de cátedra.
La Federación de Enseñanza de CCOO consideró que la aprobación de esta ley es «positiva» porque establece un marco legislativo autonómico que blinda la inversión educativa, aunque es «mejorable». La organización aseguró que seguirán trabajando en los puntos que no se concretan, y animó a la comunidad educativa a ser «pragmática» y a buscar mejoras en las Mesas Sectoriales.
Por último, la asociación Joves per la Llengua señaló que garantizar el contenido del Decreto de Mínimos es «importante, pero insuficiente». La plataforma aseguró que la Ley no da una respuesta «satisfactoria», y recordó que «la educación es una herramienta para mejorar el futuro del pueblo, no un terreno de juego al servicio de las disputas políticas».
Denuncian el «boicot» del Ejecutivo al Colegio Profesional de Docentes
La coordinadora constituida para poner en marcha el Colegio Profesional de Docentes, previsto en una ley específica que se aprobó hace tres años, denunció ayer el «boicot» de la conselleria de Presidencia.
La organización exigió el levantamiento de las «trabas» impuestas por la administración autonómica, a la que acusó de haber excluido a la nueva entidad del proceso para la redacción de la Ley de Educación que aprobará hoy el Parlament.
La coordinadora recordó que el 25 de junio de 2019 una asamblea fundacional aprobó unos estatutos para la entidad colegial, que fueron entregados a Presidencia para su aprobación.
«Tres años que hacen que cueste encontrar buena fe o buena voluntad por parte de la Conselleria, ni la buena intención en forma de mediación de Educación», lamentó.
Los primeros estatutos, «modernos y que profundizaban en la democracia interna», continúa la coordinadora, fueron rechazados por los servicios jurídicos del Govern.
En abril de 2021 se volvió a aprobar una propuesta de estatutos «más convencionales», que se registraron en junio.
En noviembre, ante la falta de respuesta, la coordinadora consultó al departamento que dirige Mercedes Garrido, que le indicó que no había constancia de ese registro, pese a que se disponía de justificante del trámite.
Se repitió el proceso y a día de hoy los promotores del Colegio Profesional de Docentes siguen sin haber recibido respuesta, lo que a su juicio prueba la intención de «entorpecer la creación y futuro trabajo» de la entidad.
«Se están poniendo palos en las ruedas al cumplimiento de lo que determina una ley aprobada la pasada legislatura por el Pacte», lamentó la entidad.
