En la Mesa de Diálogo Social «ampliada» —subrayaba el Govern ayer en su nota de prensa— además de a los habituales miembros, los sindicatos y las patronales Caeb y Pimem, se invitó a la Federación Hotelera y la Agrupación de Cadenas, empresarios del sector, representantes de la UIB, alcaldes, ecologistas y las presidentas insulares Catalina Cladera y Susana Mora. Y, por supuesto, a las kellys, las abanderadas por el Consolat con la nueva Ley para la Circularidad y la Sostenibilidad en el Turismo.

Los grandes ausentes fueron los que se llevaron la estocada. Ni se les invitó ni tenían ni idea de lo que se les venía encima. «Nos sentimos totalmente engañados y toreados», declaraba la gerente de Habtur Balears, Maria Gibert, tras conocer que la reforma de la norma bloquea la bolsa de plazas turísticas.

Esta patronal acusa a los socialistas de «destrozar» a su sector para «contentar» a sus socios de gobierno, porque el PSIB es su «rehén», sostienen.

La asociación del alquiler turístico denuncia, tras encontrarse con que la aprobación del decreto ley de la nueva norma turística de Balears incluye la congelación de las plazas turísticas para los próximos cuatro años, que han sido «totalmente engañados» porque «no es de recibo» salir con esta medida.

Gibert critica que «se ha vendido» que todo en la norma estaba siendo consensuado y se les dijo que no debían preocuparse porque no iban a encontrarse con medidas «muy drásticas» para ellos. Un sector, que por otro lado, ha salido menos perjudicado a consecuencia de la pandemia ante los cambios de hábitos de los turistas. Con el virus de la covid se ha producido un auge en el alquiler de viviendas turísticas por las facilidades de distanciamiento social que permiten sus instalaciones. La industria hotelera observa este cambio de hábito en las preferencias de los turistas con preocupación.

Este «bloqueo» de la bolsa de plazas cae como un jarro de agua fría en la patronal del alquiler vacacional. Desde Habtur se considera que ha sido «un despropósito y una falta de respeto» hacia un sector sobre el cual ya el Ejecutivo autonómico había hecho recaer «todo el peso del decrecimiento» turístico en las islas.

Se recuerda que con la modificación, aprobada en 2017, sobre la ley Delgado, relativa a la comercialización de estancias turísticas en vivienda, las 90.000 plazas que estaban dadas de alta y no pueden ir a intercambio están «condenadas a desaparecer con el tiempo». Entonces, subraya Gibert, empezó «el decrecimiento». Ahora este bloque «nos hace perder todavía más peso» porque «nos quitan 7.000 plazas».

Habtur censura, además, que el Govern únicamente les había convocado para decirles que «no habría modificaciones sustanciales» para su actividad y se podrían negociar sus demandas. La principal, solventar el tema de la bolsa de plazas y que el decrecimiento no recayese íntegramente en sus «espaldas». Sin embargo, «ahora aprueban un decreto ley que destroza nuestro sector. No es de recibo», censuran.

«No puede ser que siempre pague el pequeño en detrimento del grande y, sobre todo, que se haga para contentar los socios de gobierno», añaden.