El Govern balear aprobó ayer un decreto ley que toca diferentes aspectos de la legislación balear en materias muy diversas, como la regulación de las cámaras de comercio, las bonificaciones del transporte marítimo o las farmacias, entre otras.

El decreto aprobado ayer incluye una modificación legal para garantizar financiación específica para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Autònoma. Asimismo, en cuanto a las cámaras de comercio, se introduce una consignación anual en el presupuesto autonómico para financiar sus gastos estructurales y de servicios que prestan.

Precisamente, esta semana se debatía en el Parlament, en el marco de la aprobación de los presupuestos de 2022, una enmienda en este mismo sentido. Sin embargo, la enmienda no se votó debido a que Vox se opuso a la transacción. El portavoz del Govern, Iago Negueruela, criticó que un grupo que no había presentado ninguna enmienda parcial a los presupuestos bloquease la votación, en lugar de limitarse a votar en contra.

Por ello, habida cuenta del consenso entre el resto de grupos parlamentarios, Negueruela señaló que el Govern se ve plenamente legitimado para aprobar esta propuesta vía decreto.

El decreto también incluye una regulación de la declaración responsable aprobada para agilizar la tramitación de obras, ya que expiraba al finalizar este 2021. Ahora se ha acordado una nueva figura de declaración responsable hasta el 31 de diciembre de 2025, ligada a la ejecución de obras susceptibles de ser financiadas con fondos de recuperación, como obras de eficiencia energética, por ejemplo.

Igualmente, el decreto aclara la normativa sobre la bonificación del transporte marítimo interinsular para los residentes baleares, ya que se pueden acumular las bonificaciones de residencia a otros descuentos , como el de familia numerosa, siempre que no se supere el 100% de la tarifa.

El decreto también modifica la ley de ordenación farmacéutica, de manera que cuando un titular de una oficina de farmacia la cierre, o no haya podido abrir al anularse una adjudicación, tendrá 15 días para solicitar una de las farmacias vacantes que consten en el catálogo.