Eduardo Robsy (Maó, 1976) está al frente de la dirección general de Vivienda del Govern en un contexto de alquileres inaccesibles y compras imposibles porque solo se construye para extranjeros con un alto poder adquisitivo. La conselleria acaba de culminar la expropiación temporal de dieciséis pisos a grandes propietarios para alquiler social.
¿Cuándo se instalarán las primeras familias?
Hay dos pisos en los que no es necesario hacer ninguna intervención y entrarán en el proceso de adjudicación. Pero no es fácil dar una fecha concreta porque es un proceso muy garantista. Hay que ir por orden y avisar a las primeras familias de la lista del Ibavi. Y es donde llegan los problemas porque no cogen el teléfono o han cambiado de dirección. Si no tenemos el primer nombre, no podemos pasar al siguiente, y eso hace que no sea un proceso especialmente ágil. Hemos modificado el sistema de registro y adjudicación porque a día de hoy tampoco tenemos garantías de que todos los inscritos reúnan los requisitos. Creo que seis meses es un plazo razonable para resolver las adjudicaciones y las pequeñas obras de reforma que hay que hacer en los otros pisos.
Los bancos propietarios de esos dieciséis pisos expropiados han abierto procedimientos judiciales para recuperarlos. ¿Le ha sorprendido esa beligerancia?
En absoluto. Quedó claro cuando empezamos a trabajar con el primer borrador de la ley. Entonces la patronal de la banca ya se encargó de decirnos todo lo que pensaba. Incluso el presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia se permitió enviar cartas, no diré amenazadoras, pero cuidado. Y a cada paso que hemos dado, grandes tenedores y fondos buitre que todos tenemos en la cabeza han estado ahí a través de bufetes de abogados muy importantes. Pero hasta ahora la justicia nos ha dado la razón. Veremos cuando haya un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, pero es bueno que la banca haya perdido la sensación de impunidad total que ha tenido mucho tiempo.
¿Qué pasaría con las familias adjudicatarias si hubiese un pronunciamiento judicial desfavorable? ¿Tendrían que abandonar los pisos?
Lo veo difícil por cómo está planteado el expediente. El horizonte más probable es que haya un desacuerdo con los precios y una corrección. Pero lo que hemos hecho es ejecutar lo que dice una ley. Si hubiésemos hecho mal alguna formulación un juez ya habría suspendido el procedimiento, dando por buenas las medidas cautelares que han pedido los propietarios. Si nos encontramos con ese problema, defenderemos que los contratos de alquiler firmados son válidos y se tienen que respetar.
¿Hay margen para abrir más expedientes de expropiación?
En el Registro de pisos vacíos de grandes tenedores tenemos unos setecientos. Pero en muchos casos sus comunicaciones han sido deficientes y algunos nos han comunicado incluso pisos que tenían alquilados. Por otro lado, lo que hay son viviendas, en general. Y para alquiler social nos interesan pisos en plurifamiliares que además tengan unas características determinadas. Descartamos pisos muy grandes o con piscinas comunitarias, por ejemplo. O que necesiten una gran reforma. Tenemos que depurar el listado actual para saber bien qué tenemos. Quiero pensar que si hacemos un segundo expediente tendrá un efecto disuasorio y que los bancos acelerarán las ventas y alquileres de esos pisos. Es un incentivo para que los saquen al mercado porque no pueden tenerlos vacíos por tiempo indefinido.
Al margen de las viviendas inscritas en el Registro, ¿cuántos pisos vacíos hay en las islas desde hace al menos dos años que podrían ser objeto de expropiación?
Con las actuaciones inspectoras que hemos hecho, pensamos que fuera del Registro no hay grandes bolsas de incumplimiento. No hay tantos que cumplan con nuestros criterios: que estén en condiciones de ser habitados, que permanezcan cerrados desde hace al menos dos años y que no estén ocupados ilegalmente. A veces se dan grandes cifras y no las puedo dar por buenas. Hay en marcha un padrón que actualizará los datos del último, que es de 2011, y tendremos una radiografía más precisa. En todo caso, el problema de la vivienda en Balears tiene origen en muchos factores y no hay una solución única milagrosa.
También hay que hacer vivienda pública.
Históricamente el IBAVI ha hecho vivienda protegida en régimen de compraventa porque hasta hace no tanto todo el mundo aspiraba a ser propietario. Por tanto el parque público que gestionamos en este momento es muy reducido, incluso si lo comparas con la media estatal, que de por sí ya es baja en comparación con Europa. Hay que hacer vivienda pública, y de manera continuada en el tiempo, porque aquí venimos de una situación en la que no se hizo nada.
El entonces conseller Marc Pons prometió al principio de legislatura doblar el parque de vivienda protegida de Balears. ¿Lo ve posible?
Lo veo un poco difícil. Tenemos atado el compromiso de aumentar el parque en mil viviendas, un incremento del 60%. Para continuar nos haría falta suelo y más financiación que la que tenemos ahora. El gran problema de las políticas de vivienda es que, por un lado, son muy caras. Y por otro lado, piden mucho tiempo. Tenemos un problema que es inmediato, pero una promoción de vivienda pública necesita al menos dos años para finalizar.
La ley de vivienda que prepara el Gobierno central prevé limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas. ¿Cuáles serían esas zonas en Balears?
En las islas el problema de la vivienda es generalizado, sobre todo por una cuestión demográfica. Viene más gente y hay una demanda muy fuerte. No tiene sentido que dentro de una misma isla se declaren zonas tensionadas y otras que no lo sean. Entendemos que para que la medida sea efectiva, se tendría que extender a todo el archipiélago.
¿Incluso teniendo en cuenta que las problemáticas son diferentes en Eivissa y en Menorca?
Eivissa y Formentera van unos años por delante, pero es la misma dinámica en todas las islas: un incremento de precios que tiene que ver con la inversión en viviendas residenciales por parte de ciudadanos extranjeros con un poder adquisitivo muy alto.
He escuchado a economistas criticar esa regulación de los precios del alquiler. Le pregunto como economista, ¿cree que será una medida efectiva?
Sí, pero tiene que hacerse bien. Hay riesgos evidentes como que el inquilino firme un contrato y que después el propietario le exija la diferencia de precio en negro. O restricciones de la demanda; si el precio queda muy limitado, hay propietarios que no querrán alquilar. Pero es una buena medida. De todas las que tenemos a la vista, es la que tiene más potencialidad para desarrollar efectos de manera más inmediata. Los incentivos fiscales para los propietarios pueden estar bien, pero solo tienen sentido cuando acabas o empiezas el contrato, sus efectos no se trasladan al alquiler de forma inmediata.
¿Le preocupa que en Mallorca solo se estén construyendo casas de alto standing para bolsillos muy pudientes?
Evidentemente, sí. La queja, compartida por constructores y promotores, es que no se está haciendo producto para las clases medias. Y eso unido a ese horizonte de aumento de población que será ininterrumpido al menos hasta 2035, hace necesario ampliar el parque de vivienda a precios razonables. Por un lado, tenemos que apostar de manera clara por la rehabilitación. Por otro lado, tendríamos que encontrar la fórmula para construir vivienda a precios asequibles. El problema que tenemos en muchos municipios de las islas es que el urbanismo es muy poco intensivo; se establece un número de viviendas por hectárea muy bajo que obliga al promotor a hacer pisos muy grandes. Que son los que acaban saliendo al mercado de lujo. Tenemos que ir a un modelo de vivienda más pequeña, asequible y más ajustado a la realidad de las familias, que son cada vez más pequeñas. Incluso de una sola persona.
La gran mayoría de esos compradores de alto poder adquisitivo son extranjeros. ¿Es partidario de limitar la venta de casas a esos ciudadanos?
Estamos trabajando para valorar qué posibilidades jurídicas tenemos. No nos preocupaba cuando se concentraban en productos de superlujo porque no entraban en competencia con un residente que solo buscaba una vivienda para vivir. Lo que nos encontramos ahora es que compran todo lo que pueden comprar, y que como su poder adquisitivo es otro puede haber un efecto de expulsión del residente que no puede competir en precios. Pero hay dificultades. El punto de partida de la Unión Europea es la libertad de circulación de capitales, personas y bienes, y parece difícil encontrar un mecanismo que limite esas compras por parte de ciudadanos comunitarios. Para que fuese viable, se tendría que plantear en términos medioambientales, una de las únicas puertas que la Unión Europea deja abierta para hacer excepciones al libre mercado.
Veo que le están dando vueltas.
Sí, tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa con el mercado de la vivienda. Y es cierto que cada vez hay un protagonismo más grande de ciudadanos extranjeros. Y parece bastante claro que hay efectos negativos, tanto en la subida de precios como en el hecho de que productos que tendrían que ser viviendas habituales se convierten en segundas residencias. Habría más margen con los ciudadanos no comunitarios, pero sería competencia del Estado. Nuestro trabajo tendría que ser el de convencerle para adoptar medidas de este tipo.
El Colegio de Arquitectos pide a la conselleria que redacte el decreto para repartir las ayudas europeas a la rehabilitación con urgencia.
Me sorprende esta voz de alarma por parte del Colegio de Arquitectos porque hace dos semanas firmamos un protocolo de actuación conjunta en el que ellos participaron, además de los colegios de aparejadores y administradores de fincas. No hace falta un nuevo desarrollo normativo, todo lo que hay que hacer es redactar el texto de las tres convocatorias de ayudas públicas para rehabilitación. Estamos cerrando el contenido de estas convocatorias que tendríamos que poder sacar en el primer trimestre de 2022. Sí es un desafío administrativo porque hablamos de mover 28,3 millones de euros.
