El Govern ha materializado la expropiación de dieciséis viviendas vacías a grandes propietarios que destinará a alquiler social durante un mínimo de siete años. Estos pisos forman parte del expediente de cesión obligatoria temporal que la conselleria de Vivienda abrió en marzo y que incluía un total de 56 inmuebles

«Hemos demostrado la viabilidad jurídica y la constitucionalidad de este mecanismo, y ahora además lo hemos traducido en datos», subrayó este jueves el director general de Vivienda del Govern, Eduardo Robsy. 

Las dieciséis viviendas expropiadas ya están en manos del IBAVI para que las alquile a familias vulnerables. Otros seis pisos se han añadido al parque público después de que el Govern ejerciera su derecho de tanteo y retracto. Por otro lado, un total de 22 inmuebles han pasado a manos de particulares después de que los grandes propietarios afectados por el expediente aceptaran voluntariamente sacarlos al mercado en forma de venta o alquiler. El resto de propiedades hasta llegar a las 56, salieron del expediente al no cumplir el requisito de haber permanecido vacías durante al menos dos años. 

Robsy se felicitó por el hecho de que el personal de su conselleria haya superado «todos los obstáculos jurídicos» que le han planteado bancos y grandes inmobiliarias, propietarios de las viviendas finalmente expropiadas. Tres de ellas se sitúan en Mallorca (dos en Manacor y una en Llucmajor), mientras que el resto se reparten por Menorca (8) y Eivissa (5).

«El objetivo de este mecanismo era el de defender la función social de la vivienda, entendiendo que no es un objeto de tráfico mercantil sino que tiene que servir a las familias», indicó Robsy.

El Govern pagará 540.000 euros por el uso de las viviendas, partida que incluye 170.000 euros para ejecutar reformas en algunas de ellas antes de entregar las llaves a las familias beneficiarias. El Govern adelantará esa cantidad para empezar las obras de inmediato, pero serán los propietarios de los inmuebles los que en último término se harán cargo de la factura. 

«De media el Govern pagará 276 euros mensuales por piso, un precio significativamente muy por debajo del precio de mercado», señaló Robsy. Dos de las viviendas ya están en condiciones para ser adjudicadas, mientras que el resto necesitan mejoras. «En un plazo máximo de seis meses deberían estar adjudicadas», aventuró el director general de Vivienda. 

«Enfrente tenemos a los mejores abogados de España», indicó Robsy sobre los litigios abiertos por los propietarios expropiados

En todo caso Robsy indicó que la expropiación de las dieciséis viviendas ha sido llevada a los tribunales por sus propietarios. «Hay procedimientos abiertos, primero se presentaron demandas contra la orden de inicio y después contra la resolución del conseller. Hasta ahora todos los procedimientos que pedían medidas cautelares han sido denegados, pero es cierto que aún no ha habido un pronunciamiento judicial en cuanto al fondo de la cuestión», subrayó Robsy. «Enfrente tenemos a los mejores abogados de España», añadió.

«Los grandes tenedores han entendido de una vez que no pueden dejar pisos desocupados por tiempo indeterminado», celebró el director general.