El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox contra el decreto del Govern balear que recoge nuevas normas y sanciones para hacer frente a la covid-19. En concreto, el decreto recurrido es el 5/2021, que entró en vigor el 7 de mayo, que introduce medidas legales como el confinamiento de municipios, el toque de queda, suspensión de actividades, cierre de empresas, el precio máximo de las PCR o medidas sancionadoras ante una situación excepcional de pandemia o epidemia como la covid-19.
Con ocasión de la presentación de este recurso en agosto pasado, el presidente de Vox en Balears, Jorge Campos, criticó que el Govern asegurara en su día que se recuperaría la «normalidad» con el proceso de vacunación, pero «mintió» porque, con este nuevo decreto, «aumentan las restricciones» en el archipiélago.
Igualmente, la portavoz y secretaria general de este partido en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, escribió en Twitter: «No permitiremos que se impongan medidas ilegales y liberticidas en ningún lugar de España». Vox denunció que se pretendía imponer la vacunación en Balears, el confinamiento forzoso de su población o la confiscación de bienes.
Sobre la vacunación obligatoria, el decreto señala que el Ejecutivo balear podrá adoptar, entres otras medidas, «el sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación, para determinados colectivos o la inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o la no adopción de estas medidas».
El TC ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Parlament y Govern balear, para que puedan personarse en el proceso.
Los demandantes argumentan, entre otras causas, que la norma recurrida podría vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales de la Constitución. El recurso se encuentra en sus primeros trámites para su resolución.
