«Si las Administraciones públicas no cambian sus políticas actuales, el problema de los jóvenes para acceder a una vivienda no tiene solución», según afirma la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, Natalia Bueno. Esa frase es respaldada en un 100% por su homólogo en la asociación de promotores inmobiliarios de las islas, Luis Martín.
Los dos coinciden en que las estrategias impulsadas desde los diferentes organismos públicos para hacer más asequible el acceso a una residencia para los «jóvenes y las clases medias» son claramente insuficientes, cuando no van en la dirección equivocada.
Natalia Bueno pone como ejemplo el tema de la fiscalidad, y recuerda que si una persona debe de pagar un 8% del valor del piso de segunda mano en concepto del impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales, esa tasa baja al 5% cuando se trata de la primera propiedad que ha tenido el comprador. La presidenta de los API defiende que este último porcentaje sigue siendo excesivo cuando se trata de un joven, y defiende su supresión o que sea mínimo, con una tasa que podría moverse en un 0,5%. Igualmente, considera que las ayudas al alquiler son claramente insuficientes.
Luis Martín recuerda que del precio total de una vivienda nueva, entre un 25% y un 30% corresponde a diferentes cargas fiscales, porcentaje que podría reducirse, según alega. Además, defiende la necesidad de que se autoricen edificios con mas plantas y viviendas de menor tamaño, aunque para ello la Administración pueda fijar un precio limitado, para facilitar el acceso de los jóvenes.
No consumir suelo rústico
El presidente de los promotores insiste en que no se debe consumir más suelo rústico, pero critica las desclasificaciones que se han hecho de urbanizables, alegando que con ello se encarece el poco que queda disponible.
Del mismo modo, lamenta que el actual conseller de Vivienda, Josep Marí, lleve medio año en el cargo y todavía no haya recibido a los responsables de esta organización empresarial para tratar estos temas.
Hay un punto sobre el que Bueno y Marín insisten: con las previsiones de crecimiento de la población que se mantienen sobre Baleares, la política de vivienda pública que está desarrollando el Govern es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de las familias residentes, por lo que es necesario revisar las estrategias que se están siguiendo actualmente para evitar que el problema se siga agravando.
