La Guardia Civil denunció el viernes a una empresa propietaria de tres inmuebles de lujo en la costa de Cala Vinyes, en Calvià, por instalar ilegalmente una plataforma de madera en una zona de rocas. Los agentes comprobaron que la sociedad carece de la autorización administrativa necesaria para ocupar el lugar con instalaciones de temporada e incumplía la Ley de Costas.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a mediados de mes. Según la información recibida, en la costa de Calvià se habían instalado unas plataformas en una zona deslindada del Dominio Público Marítimo y Terrestre con un interés particular. La construcción permitía disponer de una franja de la costa de forma exclusiva, ya que al lugar solo se podía acceder desde tres inmuebles de lujo.
Los agentes se desplazaron hasta el lugar a bordo de una embarcación y comprobaron la existencia de la plataforma. La estructura tiene unos 45 metros y está anclada a las rocas. A ella se accedía por unas escaleras de hormigón desde los inmuebles. Además tenían cámaras de vigilancia orientadas a la plataforma sin los carteles indicativos obligatorios. Todo sin ningún tipo de autorización.
Los responsables de la instalación se enfrentan a multas que oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros.
Así, los agentes de la Guardia Civil denunciaron ante la Demarcación de Costas en Baleares la ocupación ilegal del enclave al infringir lo dispuesto en la Ley 22/1988 de la Ley de Costas y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, por la captación de imágenes en un espacio público sin haber obtenido autorización.
Las multas a las que se enfrenta la empresa propietaria de los inmuebles son cuantiosas. Las sanciones por instalar estructuras en dominio público al margen de la normativa oscilan entre los 60.000 euros la más leve y 300.000 euros la más cuantiosa.
El hecho de tener la zona controlada con cámaras de vigilancia puede suponer además un agravante que eleve todavía más las cuantías. Se trata de una infracción gravada con multas que van de los 40.000 euros la más leve hasta los 300.000 para las faltas más graves.
