El Govern dispone en estos momentos de una partida económica de casi diez millones de euros, que se destinarán a la subvención para que los usuarios puedan financiar la compra de un vehículo eléctrico. Este plan de ayudas se gestiona a través del programa Moves III, presentado ayer en las instalaciones del supermercado Lidl de Can Domenge, que se nutre de subvenciones europeas.
Según detalló el vicepresidente Yllanes, en un solo mes la Conselleria que dirige ha recibido 184 solicitudes de ayudas, por un importe de casi cinco millones de euros, que representa ya la mitad del presupuesto. Este año la partida económica ha aumentado con respecto al año anterior, que se repartieron 1,7 millones de los 2,9 millones previstos, si bien todavía se están valorando muchas de las solicitudes presentadas.
Para Yllanes, este número tan elevado de solicitudes demuestra la apuesta de la población por cambiar el coche de combustible por el eléctrico, que supone contribuir al cambio del modelo energético de las islas.
El director regional de la cadena Lidl, Achim Becker, explicó que esta empresa apuesta por la sostenibilidad y lo demuestra que en sus supermercados de Mallorca se dispone de puntos de carga gratuita para sus clientes, que aprovechan el tiempo de compra. Cada uno de estos centros recarga unos mil vehículos mensuales.
El conseller de Fondos Europeos, Miquel Company, que estuvo en la presentación de este programa de ayudas, resaltó la importancia que tiene en la política europea la movilidad sostenible. E incidió en la necesidad de acelerar la transformación energética de Balears para evitar la expulsión de tantos contaminantes a la atmósfera.
Esta campaña de ayudas se gestiona a través del departamento de Energía y Cambio Climático de la Conselleria. Pep Malagrava, el director general, también denunció la presión insostenible que representa para las islas la circulación de tantos vehículos contaminantes. Explicó que el objetivo del Govern es que dentro de cuatro años Balears cuente con mil puntos de recarga. En estos momentos hay algo más de la mitad, aunque el Govern no dispone de cifras oficiales sobre las instalaciones privadas.
El director general señaló que la instalación de un punto de carga particular en un domicilio puede suponer un coste de 1.200 euros, mientras que uno público alcanza los 22.000 euros. Reconoció que si sube el precio de la electricidad también repercutirá sobre el valor de cada recarga.
