Las voces de muchas personas incapacitadas judicialmente se escucharán con más claridad a partir de septiembre, cuando entrará en vigor una nueva normativa que deroga la condición de incapacitada de una persona y elimina la figura de la tutela en mayores de edad. La nueva ley abrirá un abanico de posibilidades para que estas personas recuperen toda o parte de su autonomía.
Abogados, trabajadores sociales, técnicos de integración social y economistas protegen al millar de personas que están bajo tutela de la conselleria de Asuntos Sociales como los profesionales que atienden diariamente a estos usuarios trabajan desde hace tiempo para adaptarse a unos cambios que van mucho más allá del lenguaje.
«La actual tutela desaparece y en caso de ser necesario apoyo para el ejercicio de la capacidad de la persona, pasará a llamarse curatela. A partir de la entrada en vigor de la ley una persona ya no va a poder ser declarada incapacitada en una sentencia», explica Magdalena Clar, abogada de la unidad jurídica del servicio de tutela de adultos del Govern.
«Lo que hoy es la figura de la tutela se reservará a personas que necesitan apoyos de manera continuada, y se llamará curatela representativa. Es decir, esa persona ya no será considerada incapaz. Será provista de apoyos para sus necesidades y se le nombrará un curador representativo», señala Clar.
En síntesis, se trata de cambiar un modelo en el que la entidad tutelar asume por completo el control de la vida de una persona, por otro en el que la acompaña y explora vías para que sea lo más independiente posible. «La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Nueva York dice que todas las personas somos iguales, y todas tenemos derecho a tener la misma capacidad jurídica», subraya Clar. «La nueva ley potencia la autonomía personal porque les dará mayor capacidad de decisión. Podrán decirnos lo que quieran y nosotros tenemos que respetar su voluntad. La curatela representativa será excepcional», afirma.
La mayor parte de usuarios tienen problemas de salud mental, en ocasiones combinados con adicciones
En Balears había a 30 de diciembre 1.196 personas declaradas incapacitadas judicialmente. Cerca de setecientas son atendidas directamente por la conselleria de Asuntos Sociales, y el resto en dos entidades sociales que tienen un concierto con la administración. Son usuarios a los que un juez ha declarado incapacitados —esa palabra desaparecerá de las sentencias— para gestionar su patrimonio, ir al médico o al supermercado, y no tienen familiares o convivientes que puedan —o quieran— ayudarles.
«Son sobre todo personas mayores con problemas de salud mental, o personas con enfermedades neurológicas, Alzheimer u otras, que tienen un deterioro cognitivo que les limita su capacidad de obrar. Muchos de ellos viven en residencias o en domicilios con algún apoyo especial», explica Elsa Herranz, coordinadora de la unidad social del servicio de tutela.
«Los más complicados son los que tienen una patología dual en la que combinan problemas de salud mental y consumo de tóxicos. Habitualmente también sufren exclusión social y tenemos que coordinarnos con varias entidades para resolver sus necesidades», relata esta profesional.
El servicio entró en funcionamiento hace casi tres años para atender a las personas a las que un juez declaraba incapacitadas, una labor de la que anteriormente se encargaban entidades sociales. «Atendemos a personas que necesitan apoyo y no tienen convivientes, familiares o alguien en su entorno que puedan hacerlo. Porque están lejos o porque no se ven capaces de asumir esa responsabilidad. Y en ocasiones porque un juez ha considerado que un determinado familiar no es idóneo para asumir esa tutela porque él mismo puede tener patologías, conflicto de intereses, etc.», subraya Antonio Calvo, jefe del servicio de tutela.
La administración asume por mandato judicial la representación de esa persona. Bien en la modalidad de tutela, que representa el 84% de los usuarios; bien como curatela, la opción que deberá ser dominante a partir de septiembre. En el primer caso, el tutor toma todas las decisiones por el usuario, adaptándose al contenido de la sentencia. En el segundo caso, solo se le presta apoyo en algunos ámbitos de su vida, por ejemplo de la salud o de la administración de sus bienes. Y la figura del curador es complementaria.
Invertir el peso que una y otra modalidad tienen hoy en las islas será un reto para el servicio de tutela, la Justicia y entidades y profesionales de los servicios sociales, que a partir de septiembre afrontarán la revisión de decenas de casos y la necesidad de adaptarse a la nueva normativa con los casos nuevos.
«Ponemos el foco en la promoción de su autonomía social y personal. Hacemos un trabajo individualizado a partir de lo que nos ha dicho el juez que incluye su entorno y su situación psicosocial. Eso implica mucho trabajo en red con los servicios sociosanitarios de la comunidad», valora Sonia Contreras, técnica en intervención social.
Ofrecen un apoyo «integral» que incluye administrar su economía. Algunos usuarios acuden a los centros que el servicio de tutela tiene en Palma, Inca y Manacor para recibir pequeñas cantidades de su pensión. Es una manera de evitar que despilfarren dinero o de que personas de su entorno se aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
«Atendemos cualquiera de sus necesidades. Por ejemplo, si necesita ir a una consulta al médico de cabecera, a un especialista o a la unidad de salud mental se le acompaña. Sobre todo si tienen problemas para expresarse o no saben bien manifestar qué necesitan», destaca Contreras.
Viven en residencias, centros para personas discapacitadas, albergues o en sus propios domicilios. El acompañamiento se plantea «a medio y largo plazo», apunta Herranz. «Son objetivos de trabajo a años vista en los que pasan por momentos mejores y peores. A veces son ellos los que cogen el teléfono y te llaman», añade.
Piden «más recursos» a las administraciones. «Es un trabajo que nos exige adaptarnos rápidamente a situaciones muy diferentes. Suerte de tener un equipo potente e implicado», concluye Herranz.
