El Tribunal Supremo ha confirmado la devolución al Govern balear de, como mínimo, 212.941 euros públicos que el PP recibió como parte de la subvención electoral para la campaña electoral de 2007. Aunque los populares ya han reintegrado esta cantidad, recurrieron en casación para intentar dar marcha atrás. El Alto Tribunal ha inadmitido ahora su recurso, por lo que el retorno del dinero a las arcas autonómicas es firme. De paso, confirma también la financiación ilegal del partido en la campaña de Jaume Matas en 2007, que dio origen a la devolución de la citada subvención, y zanja este affaire.
En octubre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) avaló que el PP balear tuviera que devolver 153.000 euros de subvención electoral en 2007 cobrados irregularmente. Sumados a los intereses, arrojaban una suma de 212.941 euros. El actual Ejecutivo de Francina Armengol decidió reclamar esta cantidad a los populares tras confirmarse por aquellas fechas, en varias sentencias judiciales, que el partido conservador manejaba una contabilidad B.
Después de cruzar la contabilidad oficial y los gastos irregulares puestos a la luz por la justicia y atendiendo las vulneraciones de la ley electoral, la Sindicatura de Cuentas cifró en 153.000 euros la cantidad cobrada indebidamente a raíz de las sentencias del caso Scala, conocido por la icónica imagen del desentierro de una lata de Cola-Cao del jardín de la exalto cargo popular Antònia Ordinas, y la de la financiación ilegal del partido confesada por el cuñado de Matas y extesorero del partido Fernando Areal. Fue a partir de ahí que el Govern inició el trámite para recuperar el dinero. El PP intentó entonces la suspensión cautelar de la orden de reintegro, emplazando a una sentencia firme para ello.
Después de que el TSJB rechazara la medida cautelar que solicitaba la formación de Biel Company, en febrero de 2019 la dirección nacional de Pablo Casado fue la encargada de abonar los casi 213.000 euros reclamados por el Govern a su sucursal en Balears. El PP estatal tuvo que hacer el ingreso a las arcas autonómicas debido a las dificultades económicas del PP balear para afrontar el pago al que le forzó la justicia.
«Falsear la contabilidad del partido en orden a obtener una subvención produce sus consecuencias, no sólo en el ámbito penal, sino también administrativo cuando por ella se han obtenido subvenciones como es el caso, porque esa conducta no puede ser ignorada por la Administración, que es la que custodia y gestiona la Hacienda pública del territorio. Y ese control exige que se revisen las subvenciones dadas, si aquellas hubieran sido otorgadas mediando fraude de la contabilidad presentada o contraviniendo la legalidad». Son algunos de los reproches materializados por los magistrados de lo Contencioso del TSJB en su sentencia recurrida sin éxito ante el Supremo por los populares.
Condena en costas
En una providencia, la instancia judicial superior «acuerda su inadmisión a trámite, por falta de interés casacional objetivo». También condena en costas («2.000 euros más el IVA, si procede») al PP. El partido paga así el castigo del delito electoral confesado en la campaña electoral de 2007 por Fernando Areal, gerente del PP y cuñado de Matas.
La actual cúpula del PP balear intentó desentenderse del escándalo, argumentando que era cosa del pasado. Sus intentos para que la Justicia tumbara la devolución de la suma percibida de más, y ordenara al Govern a reintegrársela, han sido finalmente rechazados. La suma de 212.941 euros puede verse ahora incrementada si se le devengan nuevos intereses.
