El candidato en las últimas elecciones de Ciudadanos en Balears y ahora portavoz adjunto, Marc Pérez-Ribas, sigue adelante con su órdago contra la líder del partido Patricia Guasp. Ni la desautorización de la cúpula de Inés Arrimadas al golpe ni la amenaza de expedientes e incluso de expulsión achantan a los planes de Pérez-Ribas, que mantiene su escrito presentado en el Parlament. Sin visos por ahora de un entendimiento entre las dos partes del grupo enfrentadas, el futuro de Ciudadanos en las islas quedará en manos de la cámara autonómica, donde imperan hoy las dudas sobre la validez jurídica sobre el puenteo de los críticos a Guasp.
Por ahora, Pérez-Ribas no vuelve atrás. De esta manera, lo confirmaba ayer a este diario, donde recordaba que la decisión es un tema que «viene de lejos» y que mantiene que si se ha presentado el escrito es para formalizar el cambio en la portavocía. «Una decisión del grupo», tal y como sostiene, después de la reunión en la que los tres diputados críticos - Pérez-Ribas y los diputados por Eivissa y Menorca, Maxo Benalal y Jesús Méndez- impusieron su mayoría el pasado mes de marzo.
Sin que haya habido ningún contacto formal que por ahora haya logrado desactivar el golpe, todo queda ahora en manos de la mesa del Parlament, que deberá decidir si da o no validez al escrito presentado por Pérez-Ribas.
Posible informe jurídico
En el órgano de gobierno de la cámara autonómica existen dudas jurídicas al respecto. Según el reglamento, el portavoz se elige a principio de legislatura con la firma de todos los diputados de su grupo y, a partir de ahí, cualquier cambio o interlocución ante la Mesa debe hacerla siempre el portavoz, Patricia Guasp. Así, el escrito no tendría ninguna validez y la autoproclamación de Pérez-Ribas quedaría en papel mojado.
Sin embargo, desde la mesa se admiten dudas sobre que si es una decisión del grupo parlamentario por mayoría no exista algún tipo de precedente o jurisprudencia en otro parlamento que permita el cambio. El razonamiento es que los portavoces podrían atrincherarse aún perdiendo el apoyo de todo su grupo.
Con todo, se apunta a que salvo que los servicios jurídicos lo vean muy claro, es probable que se acabe pidiendo un informe jurídico para resolver el entuerto.
