Cinco días para finalizar el estado de alarma y todas las restricciones están en el aire. La presidenta del Govern, Francina Armengol, espera el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) sobre qué medidas podrá seguir aplicando para contener el coronavirus a partir del próximo lunes en las islas y la preocupación es máxima en el gobierno autonómico. El rechazo de la fiscalía ha encendido todas las alarmas en el Govern, no tanto por la oposición sobre el toque de queda, como por una medida que se daba por segura y sobre la que se sustenta todo el edificio restrictivo: la limitación del número máximo de personas en las reuniones sociales y familiares. Si la medida cae, se tambalea toda la arquitectura de restricciones en el archipiélago y puede forzar a un cambio drástico de estrategia por parte del Govern.
El Govern realizó ayer una consulta al TSJB, quien ha dado el visto bueno hasta la fecha a todas las restricciones aplicadas en las islas, sobre qué medidas puede seguir aplicando una vez decaiga el estado de alarma: con las dudas puestas principalmente en el toque de queda, los controles sanitarios en el aeropuerto a los pasajeros nacionales y el máximo de personas en las reuniones sociales, familiares y también de culto. Si bien las dudas parecían concentrarse en el toque de queda, la Fiscalía ha encendido todas las alarmas al cuestionar también la limitación en las reuniones sociales y familiares.
Con la voluntad de mantener el grueso de las restricciones, tal y como informó ayer este diario, el Govern realizó este lunes una consulta al TSJB sobre qué medidas puede seguir aplicando una vez decaiga el estado de alarma, con las dudas puestas principalmente en el toque de queda, los controles sanitarios en el aeropuerto a los pasajeros nacionales y el máximo de personas en las reuniones sociales, familiares y también en lugares de culto. Si bien hasta la fecha la justicia ha dado el visto bueno a todas las restricciones aplicadas en las islas, también cuando no había estado de alarma, ayer un escrito de la Fiscalía encendió todas las alarmas en el seno del ejecutivo.
Cuando las dudas parecían concentrarse en el toque de queda, algo para lo que incluso ya se estaba preparando el Govern, la Fiscalía cuestiona ahora también la limitación en las reuniones sociales y familiares, clave en el engranaje de medidas del ejecutivo.
El fiscal superior, Bartomeu Barceló, en un escrito registrado ayer por la mañana, respalda mantener los controles sanitarios a los viajeros procedentes de la península, así como el mantener un aforo de solo el 50 por ciento en actos de culto -una medida que impediría por segundo año la celebración del final del Ramadán por parte de la comunidad musulmana de Mallorca-. Sin embargo, se opone tanto al mantenimiento del actual toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas, alegando falta de respaldo jurídico a raíz del decaimiento del estado de alarma, como a que se limiten las reuniones familiares y de amigos a seis personas como hasta la fecha. Y eso último es lo que ahora mismo más preocupa al Govern.
«Medidas alternativas»
«Le hemos hecho consulta al TSJB y ahora es el quien se tiene que pronunciar», respondió la presidenta Armengol al ser preguntada ayer por el posicionamiento del ministerio fiscal, y alertando que «si el TSJB dice que no se pueden aplicar no se pueden aplicar y sólo podremos buscar otras medidas alternativas». El Govern ya sabe que no puede recurrir al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha descartado dar cobertura a las comunidades para mantener las restricciones que decaigan este próximo domingo.
Armengol ya sabe que no puede recurrir a Sánchez, que ya ha descartado dar cobertura a las comunidades
Si bien esas «medidas alternativas» que plantea Armengol servirían para compensar el final del toque de queda, lo que preocupa al Govern es que pueda tumbarse la posibilidad de mantener la limitación al número de personas en reuniones sociales y familiares en domicilios, establecida en seis desde el pasado mes de octubre. Previamente se limitó a 15 en el mes de agosto y 10 en septiembre.
Pese a que el TSJB llegó a avalar esa medida sin estado de alarma entre septiembre y octubre, el miedo reside ahora en que la situación sanitaria no es la misma que justificó entonces las medidas y en que los tribunales de otras comunidades ya han tumbado la medida, lo que podría llevar al tribunal a asumir los argumentos del escrito de la Fiscalía.
Miedo a desescalar rápido
Si la medida decae, no habría ninguna limitación a las reuniones sociales en pisos o casas particulares. Una situación que los científicos que asesoran al Govern temen que pueda suponer un repunte de contagios por el riesgo de los interiores, de tratarse de espacios sin uso de mascarilla y por el clima de relajación.
Además, perderían todo el sentido las restricciones en el interior de bares y restaurantes o las limitaciones de aforo en cualquier otro espacio. Cabe recordar que el pasado mes de enero el Govern prohibió las reuniones sociales y familiares en casa paralelamente al cierre total de bares y restaurantes, para evitar que con los establecimientos cerrados, los ciudadanos desplazaran sus encuentros sociales a sus casas, y que sólo se han vuelto a permitir cuando se ha empezado a desescalar las restricciones en la hostelería.
Esta decisión judicial provocaría una desescalada precipitada cuando aún el porcentaje de población inmunizada no alcanza el 10% de la población de Balears y cuando la más joven no ha recibido todavía la primera dosis y no se prevé que lo haga hasta julio. Todo ello, además, cuando Salud alertaba el lunes que la mayor incidencia de contagios está en los grupos de edad de entre 16 y 29 años y que los casos de pacientes ingresados en UCI son cada vez más jóvenes.
La situación en cuanto a restricciones sería parecida a los meses del verano pasado previos al repunte de la tercera ola, el periodo entre el final de la desescalada tras el confinamiento y la recuperación de restricciones en agosto.
Pronunciamiento inminente
Por contra, el respaldo del TSJB a que el Govern pueda mantener esa limitación al número de personas en las reuniones familiares permitiría al Govern seguir adelante con sus planes de mantener aún el grueso de las restricciones.
De esta manera, la estrategia de desescalada lenta de Armengol queda totalmente en el aire y en manos de la justicia. Los magistrados del TSJB tienen hasta el jueves para pronunciarse sobre si el Govern puede mantener el grueso de las restricciones o, por contra, estas carecen de amparo jurídico, pero lo más probable es que el pronunciamiento judicial pueda producirse hoy mismo para dar margen de reacción al Govern, que debe decidir como tarde el próximo viernes las restricciones a partir de la semana que viene.
